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Las fantasías y falacias detrás del impulso por el agronegocio exportador en Bolivia

17 de mayo de 2024

Bolivia sufre desde más de un año de una escasez crónica de divisas extranjeras que el gobierno y el sector agroindustrial pretenden que se resolverá en gran medida mediante la expansión del sector agropecuario y la profundización del modelo de desarrollo del oriente del país. Las consecuencias socio-ecológicas, particularmente por la pérdida de bosques, son alarmantes y los beneficios financieros y económicos están lejos de poder resolver nuestros problemas.

Quiero dejar en claro que con esta columna de opinión no pretendo generar zozobra ni avivar el espectro de una crisis financiera, cuya existencia ha sido enfáticamente negada al más alto nivel estatal. El propósito de este artículo es interpelar acerca de los recientes acontecimientos en la agenda socio-política y económica del sector agroindustria y el gobierno nacional frente a una situación manifiesta de déficit fiscal, comercial y escasez de divisas extranjeras.

En las últimas semanas hemos alcanzando un nuevo hito con la compra de USD que se cotiza en casas de cambio en La Paz a Bs 8,7, un 25% más alto que la tasa de cambio oficial. En ese contexto, se discuten, negocian y aprueban acuerdos y medidas entre los representantes del agronegocio empresarial y del gobierno nacional. Esto es preocupante, pues la expansión del agronegocio empresarial implica la consolidación de la pérdida de bosques que está experimentando un auge en Bolivia. Además, como lo veremos más adelante, dicha expansión está lejos de cumplir con los beneficios socio-económicos y financieros que se le atribuyen.

En febrero de este año, el Gobierno nacional firmó un acuerdo de 10 puntos con representantes del sector agroindustrial y empresarial ‘’para normalizar la escasez de dólares e impulsar al sector productivo’’. Sin embargo, como advertí con antelación, incluso con un superavit comercial, o sea, más exportaciones que importaciones, el sector agroindustrial exportador no generaría las divisas tan esperadas para el país. Entre otros motivos, porque como he explicado, el sector no está incentivado a repatriar las divisas. Puede, por ejemplo, recurrir a préstamos en Bolivianos con condiciones favorables para cubrir sus gastos en Bolivia. La no repatriación de divisas, que exacerba la devaluación del boliviano, termina beneficiando a este sector cada vez más.

Tres meses después, la advertencia que di fue confirmada por el mismo Ministro de economía. Como era de esperar, alrededor de 25 a 30 grandes empresas, incluyendo las del sector soyero, incumplieron el acuerdo establecido y no trajeron la totalidad de las divisas generadas por sus exportaciones. Es crucial recordar que la soya constituye, de lejos, el mayor rubro de exportación del sector agroindustrial en el país. A pesar de ello, el Gobierno afirma que cumplió con parte y está listo para devolver al sector agroindustrial cerca de Bs 1.000 millones de Certificados de Devolución de Impuestos, a cambio de dichas divisas. Por cierto, este monto equivale a las divisas en dólares americanos que quedan en las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia. Los representantes de los exportadores del país respondieron que dado que solo se ha señalado de 25 a 30 grandes empresas, implica que el 95% cumple con la repatriación de sus divisas. Si esto es cierto, evidenciaría la concentración del poder económico y financiero que concentran esas cuantas empresas y el rol menor que ocupa el resto del sector, pequeñas empresas y productores.

En respuesta a esta situación, el Gobierno indica que llevará a cabo investigaciones y ajustes a las medidas tomadas para subsanarlas y que las divisas puedan volver al país. Sin embargo, todo esto perpetúa la idea fantasiosa de que el agronegocio exportador tiene el potencial de resolver gran parte de la escasez de dólares, y por lo tanto se debe seguir favoreciendo su expansión. Lo que además es una distracción a la búsqueda de oportunidades reales de generación de recursos por parte del gobierno.

Además, el ministro de Economía señaló en una conferencia de prensa el 12 de mayo de 2024, haciendo referencia a una evaluación experta realizada hace nueve meses, por alguna ‘’experta brasilera’’ que pronosticó que este año sería espectacular para la soya en Bolivia y que los precios de la soya están mejorando. Sin embargo, temo que esto no sea así. Por un lado, la sequía afectó la última cosecha de verano de soya, reduciendo su producción en 800.000 toneladas, lo que representa cerca del 30%. Incluso, los informes oficiales de la cosecha indican que hasta marzo de 2024, solo se han acopiado 459.000 toneladas de soya, lo que no llega ni siquiera a la mitad de lo recolectado hasta esa fecha en el peor de los últimos cinco años.

Además, los representantes del sector soyero, cuyas afirmaciones recomiendo tomar con precaución, indicaron que están experimentando su peor crisis en 30 años. En cuanto al precio de la soya, en realidad, en los mercados internacionales los precios siguen disminuyendo desde su pico extraordinario de 2022, cuando alcanzaron los 650 dólares por tonelada. En 2024, están ligeramente por encima de los 400 dólares por tonelada, lo que, a pesar de todo, sigue siendo un precio relativamente favorable. Sin embargo, ni los precios actuales ni los futuros indican una mejora, como afirman desde el ejecutivo.

La expansión del agronegocio empresarial implica la consolidación de la pérdida de bosques que está experimentando un auge en Bolivia. Además, dicha expansión está lejos de cumplir con los beneficios socio-económicos y financieros que se le atribuyen.

A esto se suma que, en los primeros meses del 2024, tuvimos más importaciones que exportaciones, ya que registramos un 23% menos de exportaciones en comparación con el mismo período del año pasado.

En paralelo, la expansión agropecuaria y la pérdida de bosque asociada están en un proceso de acelerado incremento, que solo en 2023 sumó casi 700.000 hectáreas de bosque perdido. A pesar de la responsabilidad bastante bien establecida del sector soyero y ganadero en particular, es alarmante cómo ambos sectores continúan obteniendo más concesiones. Mismas que son consecuencia de los 10 puntos acordados con empresarios privados hace unos meses. O que serán, a su vez, consecuencia de los cinco nuevos puntos que el sector privado está demandando, ya que como indica un representante de la Cámara Agropecuaria del Oriente: “El agro es la solución a la crisis económica de Bolivia”.

En realidad, existe una concentración oligopólica de poder socio-político y económico que se fortalece con narrativas de éxito y supuestos beneficios que se atribuyen al agroindustria. Sin embargo, en la práctica, este sector está altamente beneficiado, incluso con préstamos gubernamentales para los productores de soya y palma de aceite a una tasa de interés anual de 0.5%, lo que equivale prácticamente un préstamo sin costo alguno. En cambio, los créditos gubernamentales de vivienda social, que son relativamente beneficiosos, tienen tasas de interés anuales de cerca del 7%. Mientras tanto, para captar más divisas extranjeras, el Gobierno sigue emitiendo bonos en mercados internacionales a tasas de interés que rondan el 20% anual, lo que es una tasa usurera e irresponsable de asumir.

Ante esta realidad y panorama, no podemos seguir creyendo que éste es el camino a seguir. No podemos continuar profundizando este modelo de expansión que únicamente beneficia la concentración de poder económico en algunas élites y grandes empresas. Las deudas y otros problemas no serán saldados por estas grandes corporaciones, que poco se preocupan por las y los ciudadanos, sino que recaerán sobre los bancos, los ahorristas, los jubilados, el Estado, nuestros bosques y ecosistemas no boscosos y, en última instancia, nosotros y nosotras.

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Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Nómadas.

Sobre el autor

Stasiek Czaplicki Cabezas

Economista ambiental, enfocado en cadenas de valor y corporaciones con más de 10 años de expertise. Investigador y activista boliviano por los bosques con experiencia en ongs nacionales, organismos multilaterales y think thanks globales (WWF, FAO, Climate Focus, CIPCA).

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