«No entendemos cómo la ABT dio la autorización para desmonte, cuando esa zona es un sitio RAMSAR. Nos parece irracional»

Revista Nómadas

– Nómadas publicó el reportaje el 26 de enero. Da la impresión de que muchas autoridades se sorprendieron que aparezca, como por arte de magia un puente sobre el Parapetí. ¿Te sorprendió la reacción que se dio en el país?

– No sorprende la reacción porque no solo viene de un medio como Nómadas, cuyas notas han tenido una repercusión importante. Ésta (la que revela la construcción del puente clandestino que construyeron los menonitas sobre el río Parapetí) ha tenido un nivel de profundidad y denuncia que hacía falta. Los Bañados de Isoso son parte del territorio indígena guaraní isoseño y están dentro de la autonomía indígena Iyambae.

Hace como dos años que empezó a construirse el puente, y era de conocimiento de varios. Hubo constantes malestares y reacciones que estaban a favor y en contra, entre autoridades nuevas que conocieron la obra. Esta nueva gestión del gobierno de la autonomía guaraní heredó el puente en la fase de construcción, y le resultó complejo manejar el conflicto por las aristas que tiene.

El puente tiene aristas inicialmente de orden social. Quien conoce el Isoso sabe que entre 8 y 10 comunidades están al otro lado de la banda del Parapetí y durante gran parte del año se encuentran desconectadas del territorio de Charagua. Son guardianes de los grandes Bañados de Isoso, del Parque Nacional Kaa Iya y han sido protagonistas de la gestión de ese parque nacional. Pero a la vez, son comunidades muy postergadas, el Estado está muy poco presente. La Gobernación, la administración nacional y la misma autonomía guaraní tienen muchas restricciones para realizar infraestructura y mejoramientos. Al puente se lo vio como una especie de patriada. Nosotros hemos podido ver cómo se empezó a construir, entre horrorizados por el sitio donde fue emplazado y también había que sacarse el sombrero por el nivel de coraje que presentaron los menonitas para levantarlo ahí. Ése ese el ribete social que las comunidades aprecian y que hay que tomar en consideración por las características que tiene el Isoso. La segunda consideración son las ambientales y las legales, sobre las que se está en este momento trabajando.

Los menonitas tienen capacidad de organización, son pragmáticos, saltan cualquier tipo de obstáculos que se les interponga, los más autónomos de este país son ellos, y eso tiene una fuerza arrolladora en el campo porque es donde más el Estado se encuentra ausente. Los menonitas dinamizan la economía local, generan demanda de productos locales, transporte y otras cuestiones. En este caso estamos hablando de una obra que está en un lugar con restricción absoluta de intervención. A nosotros, desde el primer momento, nos pareció que si utilizó la excusa de la postergación de las comunidades por parte del Estado, que siempre es una muletilla a la que uno puede recurrir porque el Estado está ausente en toda América Latina en el área rural, no solo en Bolivia. Pero no se puede utilizar esa excusa para construir —además— el puente que está en línea recta con la propiedad Cuarirenda donde están desmontando. Está claro que el tema de que se levantó esa obra por el bien de las comunidades, se cae por su propio peso. Es un puente absolutamente hecho para su beneficio (de los menonitas) y de rebote les llega a las comunidades. Ahí está el impacto ambiental que nosotros no entendemos cómo la ABT — que sabemos que tenía conocimiento de la brecha de 12 km que abrieron desde la comunidad de Cuarirenda hasta el Parapetí y la otra que sigue desde la banda del río hasta casi el área de amortiguamiento del Kaa Iya— dio la autorización para ello cuando esa zona es un sitio RAMSAR. Nos parece irracional que puedan haber autorizado.

– ¿Cuántas normativas se vulneraron con la construcción del puente?

– Nosotros sabemos que cuando se empezó a hacer la brecha, cerca de Cuarirenda hacia el río, se convocó a una inspección a la ABT, que se generó un escenario de dialogo entre la ABT, los menonitas, la comunidad de Cuarirenda y la Capitanía del Bajo Isoso. Con esa especie de acuerdo de palabra, la ABT refrendó ese acuerdo. Esa es la información que manejamos. En segundo lugar, para construir una obra de esas características, hay que obtener una licencia ambiental a partir de una categorización que debió haber sido negada por tratarse de una zona que es sitio RAMSAR, y donde hay un manejo de cuenca que hizo la FCBC con apoyo el PENUD, y se estableció que, por la vulnerabilidad de los Bañados, está prohibido ese tipo de obras. Esos son documentos oficiales que son complementarios al Plan de Uso de Suelo (PLUS). Se ha violado la normativa ambiental.

No hay tampoco ninguna autorización escrita ni verbal que se conozca por parte del gobierno autónomo de Charagua, que es la máxima autoridad competente en materia ambiental en esa zona. El puente está completamente fuera de norma, desde el punto de vista del Gobierno de Charagua, la Gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente. La categorización que le hubiesen dado sería de alta restricción. Hubiera sido rechazada, lo mismo el desmonte.

– Pero varias autoridades dicen que no sabían de la construcción del puente.

– Sabemos, si vos buscas en Facebook, vas a ver las imágenes de cuando se construía. Eso era público hace tiempo. La ABT no podía no haber sabido (de la construcción del puente) si es que autorizó el desmonte. De todos modos, me parece bien que se haga una nueva inspección para establecer lo que nosotros creemos que se debe hacer de manera inmediata, que es la paralización de toda obra y una evaluación de impacto ambiental del puente, de las brechas sobre las lagunas de inundación y del desmonte.

Lo más probable es que salgan multas y restricciones contra los menonitas, que se han confiado con un acuerdo de palabra y otras cuestiones que probablemente hayan sucedido entre capitanes, comunarios y funcionarios.

– ¿Sigue la deforestación en la propiedad de los menonitas?

– Entiendo que el Gobierno de Charagua les va a enviar una intimidación para que paralicen el desmonte y una exhortación a la ABT para que suspenda el permiso, (en caso de que exista el permiso) y retire la maquinaria.

– ¿Nunca se debió haber dado permiso para deforestar tanto en la apertura del camino que va al puente, como en la propiedad Cuarirenda de los menonitas?

– El puente y el predio de los menonitas están en una zona que no puede ser deforestada, mucho menos en esa cantidad de superficie que ha ocurrido. Lo que nosotros manejábamos, era que se iba a hacer una especie de ganadería sostenible, que el puente era para las comunidades y los menonitas que iban a desarrollar no la clásica propiedad agrícola con desmonte total. Pero lo que hemos visto es exactamente lo mismo de siempre. Creo que el puente sí tiene que haber, pero no ahí donde lo han construido.

– ¿Cuándo te enteraste de la construcción del puente?

– Supimos que fue durante la cuarentena del 2020 que había empezado, fuimos el 2021 y hacía un año que habían parado la obra, habían quedado solo las pilastras de pie. Estuvo como un año parada la construcción, entre otras cosas, porque el mismo gobierno autónomo de Charagua, les había obligado a parar. Nos pidieron una recomendación legal y técnica, hicimos un informe, tuvimos una reunión. Parece que después reactivaron, no sé de qué forma, creo contra los compromisos que habían logrado con el gobierno de Charagua. Probablemente con la anuencia de la capitanía de Bajo Isoso.

– ¿Qué le recomendaron ustedes?

– De no seguir con la construcción porque eso conducía al desmonte posterior y que hagan la remediación del desmonte en la brecha que abrieron para el camino. Les hicimos notar que no solo los menonitas pueden estar sujetos a una multa grande, sino, el propio gobierno de Charagua por permitir aquello en su propio territorito del que son autoridades. Eso me imagino que se hizo. Entiendo que esta obra prosiguió en contra de las decisiones y recomendaciones que el gobierno de Charagua les hizo. Hay una tensión entre la zona del Bajo Isoso y el Gobierno de Charagua.

– Justo a centímetros de donde deforestaron para abrir el camino que va al puente, vi un letrero que dice que es zona donde viven los indígenas no contactados que están protegidos por la Constitución.

– El año pasado colocamos letreros para que se sepa que en esa zona viven los indígenas en aislamiento voluntario. Se trató de una actividad que apoyamos y ahí vimos las pilastras del puente que estaba en construcción. Recorrimos la zona, no estaba el desmonte. Pensamos que la construcción del puente lo habían paralizado porque la obra había tenido mucha reacción negativa.

– ¿Quién colocó el letrero donde se informa que ahí habitan los indígenas no contactados?

– Nosotros hicimos un estudio sobre avistamiento de familias ayoreas en aislamiento voluntario, en coordinación con instituciones del Chaco paraguayo. Toda esa región, como el Kaa Iya, el Ñembi Guasu y el Otuquis, son zona de avistamiento. Hicimos un estudio y esa fue una de las recomendaciones. Además, la Ley 450 de Protección de pueblos de alta vulnerabilidad, recomienda generar una política de sensibilización y comunicación social para evitar que se acerquen a la zona donde fueron avistados, porque tienen el derecho constitucional a no ser contactados. Ellos tomaron la decisión de no tomar contacto con la sociedad nacional y se tiene que respetar ese derecho. Los letreros los colocamos en los lugares donde podían encontrarse con ellos y, por lo tanto, no se debe aproximarse. Lo pusimos en ese lado porque del Parapetí hacia la banda es por donde transitan, es decir por donde están desmontando. Lo hicimos en coordinación con el gobierno de Charagua y la CANOB. Pusimos carteles en esa zona donde ahora está el puente, en el sur, Bajo Isoso, en el Ñembi Guasu y en la entrada del Otuquis.

– ¿Qué implica el puente y la deforestación para los no contactados?

– Primero, acercarse y contactarlos es violar su derecho a que se mantengan en esa situación de no contactados. El puente y los desmontes generan grandes amenazas para sus medios de vida. Los incendios forestales que se han venido dando han corrido sus áreas de tránsito, han sido desplazadas a esa zona del Parapetí porque es ahí donde están los bosques más conservados y la fauna silvestre con la que se alimentan. Si pones una propiedad de 14.000 hectáreas completamente desmontada, con lógicas totalmente distintas a la de la zona, los pones en altísima vulnerabilidad con probabilidad de generación de incendios y, además, estas propiedades aplican agrotóxicos que hacen que los puedan envenenar. Nosotros pusimos ese letrero ahí cuando vimos la brecha, como una señal. Uno de los motivos para paralizar la obra era este. Hicieron lo contrario.

– ¿Qué se puede hacer con la propiedad Cuarirenda de los menonitas?

– A la propiedad habría que hacerle un estudio para ver realmente, de acuerdo a las condiciones ambientales— qué hay ahí, qué tipo de actividad y en qué condiciones la puede llevar adelante, si es que no procede una acción de reversión por incumplimiento de la Función Económica Social (FES), por grave afectación al medioambiente. Ellos (los menonitas de Cuarirenda) pueden decir que la autoridad competente les dio permiso para el desmonte y que han cumplido con los requisitos legales. Y ahí podría haber acciones civiles y penales en contra de la autoridad que les otorgó ese tipo de permiso. En segundo lugar, tiene que haber accione de remediación. Primero, paralizar, que no se siga tocando más nada, recomponer, restaurar y si hay algún tipo de actividad, que sea totalmente compatible con la zona, que no afecte los Bañados, que no se utilicen agrotóxicos, actividades de bajo impacto. Es difícil que les interés a los menonitas una actividad así. No se puede utilizar la marginación, el olvido a las comunidades, para favorecer actividades particulares. Este es un caso redondo, aquí no hay una cuestión de que se hizo el puente para beneficio de las comunidades. Se lo construyó por absolutos intereses personal y mezquinos de autoridades, incluso hasta de líderes indígenas que han puesto, como siempre, la excusa de la situación de la pobreza de las comunidades, para beneficio propio.

– ¿Qué se debe hacer con el puente?

– No se lo puede demoler. Eso puede generar reacciones negativas. La evaluación de impacto ambiental es la que debe arrojarnos las medidas de mitigación y remediación ambiental. El desmonte tiene que ser paralizado y ninguna actividad de ese tipo debe ser autorizada. También debe intervenir el juzgado agroambiental de Camiri para que no se realice ese tipo de actividades en esta zona que es el refugio de vida silvestre.

– ¿Hay voces que ya proponer trasladar al puente a una zona cercana a las comunidades que están al otro lado del Parapetí?

– Sería una idea espectacular. Yo lo emplazaría hacia donde las comunidades lo necesitan, pero con todos los resguardos ambientales que tiene que tener un puente así.

– Con el puente y la deforestación en la propiedad Cuarirenda de los menonitas, ¿cuál es la amenaza que está sufriendo la fauna en esa región de los Bañados de Isoso y del Kaa Iya?

– Está claro que representa una amenaza letal para la fauna silvestre, porque el Parque Nacional Kaa Iya y los Bañados de Isoso son la última muestra en mejor estado que tiene todo el ecosistema del Chaco Boreal. El número de jaguares y otros animales, estimo que aumentó en el último tiempo porque muchos han escapado de los incendios y se refugiaron en esta zona. Es la última zona de reproducción de estas especies. El puente va a generar impactos decisivos en el área de tránsito de la fauna: el tropero y el jaguar, entre otros, son animales de largo recorrido, que, si los interrumpes, al ser territoriales, pelean por su territorio, no es que cambian de recorrido. Al humano, lo primero que se le viene a la cabeza es matarlos.

– También surgen propuesta como, por ejemplo, recuperar todo ese territorio del predio Cuarirenda y crear un área protegida municipal o de algún otro tipo. ¿Cree que es posible?

– Si se las llegaran a revertir esas tierras por incumpliendo de la Función Económica y Social (FES), quedaría en manos del Estado y el Ministerio de Medio Ambiente puede crear una reserva fiscal, delegando su gestión a la autonomía de Charagua o, también, el mismo gobierno de Charagua puede crear un área protegida, como ya lo hizo antes con el Ñembi Guasu, el Irenda y el Guanaco. Podría crear esta nueva área que conecte los Bañados que ya están protegidos porque son sitio RAMSAR. Me parece una excelente idea.

– ¿Qué tan confiados podemos estar en que las autoridades de los diferentes niveles soluciones de manera integral este problema?

– Lo importante es que se puso el cascabel al gato y que las autoridades se están movilizando. Está claro que estos temas del medioambiente preocupan. La ciudadanía sabe que los bosques son fundamentales para su calidad de vida y también están preocupados los indígenas de la zona. Ha sido altamente positivo todo el proceso que se ha desatado a partir de la nota (el reportaje de Revista Nómadas).

Espero que las autoridades actúen. Soy parte del equipo de instituciones que apoyamos la Autonomía de Charagua, habíamos tratado varias veces este tema, sabíamos que era muy delicado, tenemos ahora la justificación necesaria para intervenir.