ESPECIALES
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Antes de que la carretera asfaltada de Rurrenabaque a Riberalta esté concluida, el apetito por la tierra beniana empezó a crecer.
4 de abril de 2024
• En el departamento boliviano de Beni, hasta el 2022, no se conocían noticias de pérdidas de bosques por encima de las 100.000 hectáreas en un solo año. Sin embargo, en 2023 se vivió un récord en suelo beniano: 264.175 hectáreas fueron destruidas, lo que significa un aumento del 155% respecto a la gestión anterior y que es comparable a casi cuatro veces la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra. Global Forest Watch presentó un nuevo estudio de deforestación.
• Los expertos ven varios factores para que Beni sufra por la pérdida de su bosque: la inversión pública para introducir la palma africana, la aprobación de normas que autorizaron la expansión agrícola y ganadera en tierras forestales y la falta de cultivos de caña en el municipio de San Buenaventura.
Iván Paredes Tamayo
Periodista
Era el 9 de julio de 2019. Ese día, el entonces presidente Evo Morales llegaba a la sede de los ganaderos del Beni, en la ciudad de Trinidad, para firmar las modificaciones del Decreto Supremo 26075. Esa norma autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de Santa Cruz y Beni. Hoy, casi a cinco años, y muchas más medidas adoptadas, los resultados son desastrosos, sobre todo en la región beniana, donde hasta el año 2022 nunca se habían perdido bosques por encima de 100.000 hectáreas en una sola gestión. En 2023, la pérdida de árboles en ese departamento alcanzó un nivel récord: 264.175 hectáreas, lo que representa un aumento del 155% respecto a la gestión anterior y que es comparable a casi cuatro veces la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra.
A su vez, el departamento de Santa Cruz sigue siendo la región más golpeada por la disminución de bosques, donde se perdieron 342.818 hectáreas durante el año pasado. Beni le está siguiendo los pasos.
La aprobación de normas es solo un pequeño factor de la pérdida de bosques en Beni. En realidad, la inversión pública para introducir la palma africana en suelo beniano es una de las principales iniciativas que terminó con los bosques en buena parte del Beni. Solo en esa región de Bolivia, el Gobierno nacional identificó a 11 municipios como prioritarios para implementar la palma aceitera, que es la materia prima para elaborar el biodiesel. Además, está también la expansión de los negocios ganaderos.
Imagen satelital sobre cómo la pérdida de bosque (en color rosado) avanza sobre el territorio beniano. Foto: GFW.
La plataforma Global Forest Watch (GFW) presentó el nuevo estudio de pérdida de bosques a nivel mundial. Lo hizo en alianza con la Universidad de Maryland y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI). Según estos datos, Bolivia empeoró su situación y sigue ocupando el tercer lugar en el mundo de los países con más pérdida arbórea, luego de Brasil y República Democrática del Congo. En Bolivia se han perdido, durante 2023, 696.362 hectáreas de bosque, el segundo nivel más alto registrado en la historia de Bolivia después de 2019, cuando se contabilizó 852.098 hectáreas de bosque perdidas debido, principalmente, a los incendios forestales en el oriente boliviano.
Según el estudio de GFW, en Bolivia hubo un aumento del 17% de pérdida de bosques en comparación con el año 2022. Durante los últimos cinco años, el país perdió el 40% de todo el bosque destruido desde 2001; es decir, de los últimos 23 años. Si bien desde 2016, a nivel global se tiene en promedio una pérdida de bosque de 26 millones de hectáreas, la superficie con la cual Bolivia contribuye es cada vez mayor.
Vincent Vos, biólogo y miembro del equipo de profesionales del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma de Beni José Ballivián, considera que la palma aceitera provoca un “desastre ecológico” en suelos amazónicos y que existen palmeras nativas en el país que también pueden ser utilizadas como materia prima para elaborar el biodiesel.
El Gobierno priorizó la implementación de la palma aceitera para la producción del biodiesel. Existen 28 municipios del país de cinco departamentos donde se priorizará el cultivo de esta especie.
“La Ley de la Madre Tierra prohíbe los agrocombustibles y la palma aceitera entra a ese grupo, porque se tumban bosques y se convierten en monocultivos. Lo que es desastroso es también la cantidad de químicos y venenos que se utilizan para garantizar la producción de esta palma. No se conoce más información sobre esta palma aceitera, más que lo que se conoce a nivel mundial. Pero también en Bolivia existen palmas nativas que se pueden utilizar y no se tendría que deforestar tanto bosque”, cuestiona Vos.
El Gobierno priorizó la implementación de la palma aceitera para la producción del biodiesel. Existen 28 municipios del país de cinco departamentos donde se priorizará el cultivo de esta especie, que, según la Fundación Tierra, se debe cancelar este programa debido a que es una de las razones para la existencia de desmontes, quemas descontroladas e incendios forestales en la región. Asimismo, solicitó al Estado que demuestre la existencia de una adecuada capacidad de uso del suelo para este tipo de cultivos y el mínimo impacto sobre la biodiversidad y el medio ambiente.
En la estrategia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, solo en Beni hay 11 municipios, de 19, donde se priorizará el cultivo de la palma aceitera: Santa Ana, San Borja, Reyes, Santa Rosa, San Andrés, Loreto, Trinidad, San Ignacio de Moxos, San Javier, San Joaquín y San Ramón. Además, esta cartera de Estado detalló que en el departamento beniano el Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas está implementando viveros en diferentes puntos del país. Hasta la fecha son 20 y solo en Beni hay diez distribuidos en diferentes comunidades.
Letreros que hablan, a un costado de la carretera asfaltada.
Vincent Vos también incluye que los resultados de pérdidas de bosques en Beni se deben también a la modificación del Plan de Uso del Suelo (PLUS), que en 2019 se aprobó a pesar de las observaciones al proceso de actualización y, sobre todo, a la exclusión del sector indígena vulnerando sus derechos constitucionales respaldados en convenios internacionales. Este PLUS, más el DS 26075, permitieron la expansión agrícola y ganadera, lo que ocasionó, según Vos, la pérdida de bosques a gran magnitud.
“Esto es muy lamentable, es lo que sospechábamos que iba a pasar cuando se aprobó el nuevo PLUS. El PLUS debería ser oficialmente una herramienta de planificación que permita optimizar el uso de suelos que son agrícolas, pero suelos que son con vocación forestal garantizan su cuidado. Pero con este PLUS se permite cambiar el modelo de desarrollo y cambiar la vocación productiva del Beni. Lo que hicieron es decir que áreas que no son aptas para ganadería y agricultura, se convierten como tal, incluso en áreas protegidas y en sitios RAMSAR, que son ignorados. Solo se ve un interés de un grupo de empresarios para cambiar la matriz productiva”, cuestiona Vos.
El experto, además observa que la construcción del ingenio azucarero de San Buenaventura, en el departamento de La Paz, también contribuye en la pérdida de bosque en Beni. En la zona paceña —según Vos— ya no hay campos aptos para el cultivo de caña de azúcar, lo que obliga al Gobierno a buscar terrenos óptimos en el lado beniano, concretamente, en el municipio de Rurrenabaque. “Ese ingenio se mostró en tantas formas el desastre económico y ambiental que representa, pero siguen apostando por intereses geopolíticos y de grupos de poder. Es un desastre porque no se considera los aspectos ambientales”, lamenta Vos.
Vincent Vos también incluye que los resultados de pérdidas de bosques en Beni se deben también a la modificación del Plan de Uso del Suelo (PLUS), que en 2019 se aprobó a pesar de las observaciones al proceso de actualización.
El surgimiento de la pérdida de bosques en Beni se centra en la provincia José Ballivián, que comprende los municipios de Rurrenabaque, San Borja, Santa Rosa de Yacuma y San Borja. Solo en esa provincia se perdieron más de 100.000 hectáreas de bosque en 2023, lo que equivale a la pérdida de bosque ocurrida en los nueve años anteriores. Estos municipios han experimentado recientemente una expansión significativa de la ganadería, la caña de azúcar y el surgimiento de la palma africana, convirtiéndolos en el epicentro de la expansión ganadera y de la producción agrícola para el biodiesel.
En San Borja, el Gobierno nacional anunció que construirá una planta procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos de palma para consolidar insumos para las plantas de biodiesel que proyecta el Ejecutivo. Además, Rurrenabaque está dentro del área de influencia del ingenio azucarero de San Buenaventura, que actualmente carece de suficiente materia prima y donde el Gobierno promueve activamente el cultivo de caña de azúcar.
Daniel Robison, licenciado en Gestión de Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Kansas, apunta al ingenio azucarero de San Buenaventura como uno de los factores de la deforestación en Beni, sobre todo en el lado de Rurrenabaque, donde él radica. El experto sostiene que, tanto la producción de caña como la producción industrial de azúcar en San Buenaventura, no son rentables, por ello, asegura que ambas solo pueden tener continuidad con enormes subsidios. Además, dice que, ante la falta de campos óptimos en el municipio del departamento paceño, los productores vieron Rurrenabaque como tierra para cultivar caña.
El interés por nuevas tierras avanza en Beni.
“Se hizo caso omiso de estudios de suelos que demostraban que únicamente el 2% de los suelos de la zona (San Buenaventura) son aptos para cultivos en limpio, suelos que, además, se encuentran alejados de la carretera central. En este sentido, se volvió a constatar que los suelos de la región son marginales para la producción industrial de caña de azúcar, situación que se agrava por cuestiones climáticas que no permiten una óptima concentración de sacarosa. Además, los costos de producción son muy altos, debido a los altos costos de desbosque de monte alto y de preparación de tierras para una producción mecanizada. Todo esto obligó a que siembren la caña en Rurrenabaque, lo que provocó perdida arbórea”, lamenta Robison.
Antes de 2019, San Javier y San Andrés eran los dos municipios de la Amazonía beniana que perdieron importantes extensiones de bosque en siete años. Los menonitas y los productores locales de arroz y soya eran dos de los actores que se hicieron cada vez más de propiedades, y cambiaron el uso de suelo de bosques por producción de monocultivos.
2019 fue el año con mayores quemas que se registraron en Beni y en otros lugares de Bolivia después de 2004 y 2010. Esas quemas afectaron 5.9 millones de hectáreas solo en el departamento beniano, 1.6 millones (26%) de áreas boscosas, y se dieron después del desmonte iniciado por varios actores agrarios, principalmente por privados.
Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), también pone énfasis en el PLUS que aprobó la Asamblea Legislativa Departamental de Beni en 2019. El investigador califica ese documento como “catastrófico”, ya que, por decisión del Gobierno nacional y la Gobernación beniana de ese entonces, se permitió la expansión en agricultura y ganadería en territorios que no son adecuados para ese fin, principalmente, en áreas forestales.
Lo que hicieron es decir que áreas que no son aptas para ganadería y agricultura, se convierten como tal, incluso en áreas protegidas y en sitios RAMSAR, que son ignorados. Solo se ve un interés de un grupo de empresarios para cambiar la matriz productiva”, cuestiona Vincent Vos.
El departamento del Beni contaba ya con un PLUS que definía la extensión del territorio destinado para el uso agropecuario y cuál debía permanecer como bosque o zona de aptitud forestal. Con el DS 26075 se permitió que las actividades que se realizan en estas tierras pueden ser modificadas.
“Esto avanzó sobre tierra no agrícola. La ley anterior frenaba este crecimiento para quienes quieren deforestar y realizar actividades de ganadería y agricultura extensiva como la soya, en cualquier territorio. El crecimiento agropecuario en Bolivia está ocasionando deforestación”, comenta Villegas.
Miguel Ángel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), asegura que estas medidas legales buscaban legalizar la deforestación en el país. El experto ahora dice que eso se cumplió viendo los datos de GFW, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
“Lo que se hizo es establecer el desmonte para la ganadería y legalizar la pérdida de bosque que ya está ocurriendo. Se dijo que la carne de este ganado sería destinada para exportación a China, pero nadie habló de la cantidad de alimentos que importamos para el abastecimiento del país”, considera Crespo.
Además, el director de Probioma critica al Gobierno de entonces por la decisión que asumió, ya que asegura que al deforestar estos bosques se agudizan los procesos de desertificación, sequías e inundaciones. “En un tiempo todo será pampa anegada una parte del año y luego vendrá la erosión y la sequía porque se pierde la capa fértil de la tierra”, advierte Crespo.
En 2020, mediante un boletín de prensa, la Federación de Empresarios Privados de Beni adelantó que con la reforma e implementación del PLUS se pueden hacer quemas controladas y desmontar para habilitar unos 4,5 millones de hectáreas para desarrollar la actividad agropecuaria intensiva. En esa perspectiva, esta organización afirmó que las inversiones sectoriales vendrán por la generación de infraestructura portuaria en la hidrovía Mamoré-Madeira y el desarrollo del complejo cárnico con la construcción de frigoríficos para dar valor agregado a la producción de carne bovina con miras a mercados de exportación.
Típicamente, los dos indicadores más usados son la pérdida de bosque y la deforestación. Ambos miden fenómenos diferentes. La deforestación se refiere a la tala o conversión de un bosque para un uso de suelo que no es natural, como la agricultura, ganadería, minería y urbanización. En cambio, la pérdida de bosque incorpora la deforestación e incluye la degradación natural o mediante incendios de áreas boscosas, sin que aquellas áreas tengan algún tipo de transformación de uso de suelos. En otras palabras, cuando un bosque es incendiado, pero que posteriormente sus suelos no son usados y, por ende, entra en un proceso de regeneración natural.
Según GFW, en Bolivia, durante el 2023, se perdieron 696,362 hectáreas de bosque. Esta cifra es la segunda más alta registrada en la historia del país después del año 2019, que contabilizó 852,098 hectáreas de bosque pérdidas ocasionadas principalmente por los incendios. Esta nueva estimación representa un aumento del 17% en comparación con el año 2022.
En cuanto a la pérdida de bosque primario, una vez más Bolivia estableció un récord por tercer año consecutivo. Un total de 490.544 hectáreas de bosque primario se han perdido, el tercer nivel más alto a nivel mundial, por detrás de países con bosques primarios mucho más extensos como Brasil y la República Democrática del Congo.
Estos datos representan un aumento anual del 27% en comparación con el año 2022, que a su vez ya había experimentado un aumento del 32% en comparación con 2021. Así, Bolivia cada año va perdiendo sus bosques por distintos factores, entre los principales los incendios y la expansión de los negocios agrícolas y ganaderos.
“Los incendios fueron la gran amenaza en Bolivia en 2023 y en los años pasados también. Este año, a diferencia de años pasados, hemos visto más incendios en el departamento del Beni, en particular, donde se ha visto una gran escala de deforestación por incendios, como también en el departamento vecino de Santa Cruz. Vemos también la expansión de agricultura es otro gran factor en Bolivia, porque genera mucha pérdida (de bosques) y está enfocada particularmente en el departamento de Santa Cruz. Sabemos de investigaciones anteriores que la soya es un gran contribuyente de la deforestación en el país y en comparación con otros países vecinos, en cuanto a la producción de soya en Bolivia, mucho pasa en la tierra donde se deforestó recientemente”, informó Mikaela Weisse, directora de GFW durante la conferencia de presentación de los datos en la que participó Revista Nómadas.
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