CASA VERDE
CASA VERDE
La deforestación ilegal del bosque ha pisado el acelerador en el departamento de Santa Cruz. El avasallamiento de colonos y avance de la gran industria están en su auge y la declaratoria de áreas protegidas se rompe en mil pedazos cada día.
16 de junio de 2021
Raúl Domínguez
Periodista
Clovis de la Jaille
Fotógrafo
Un pequeño panel solar provee la energía eléctrica para que el único teléfono con salida al mundo, en más de 200 kilómetros a la redonda, pueda funcionar durante el día en la comunidad indígena Picaflor, en el corazón de la Reserva Forestal del Bajo Paraguá, en la región norte de la chiquitania, específicamente el Distrito 7 del municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, Bolivia.
El artefacto es parte de los pequeños negocios que tiene la familia de Pedro Pereyra, primer gran capitán de la Nación Guarasuwé (o guarasu´wé), quien también trabaja, junto sus seres queridos, en una pensión de venta de comida con el exquisito refresco de asaí, el pequeño fruto morado de una alargada palmera, que en otoño es la fuente principal de ingresos de las 20 familias que habitan la comunidad.
“Nosotros cosechamos (asaí) de cualquier parte (del bosque) y no necesitamos pedir permiso para entrar”, dice un joven guarasuwé, vecino de Pedro Pereyra, afuera de su pequeña casa de madera, mientras presume de su habilidad para subir los más de 10 metros de altura que separa un racimo de asaí del suelo. Es tiempo de cosecha y un cargamento del fruto esperan para ser transportado a la lejana Santa Cruz.
Una noche antes, el 19 de abril, los habitantes de Picaflor, junto a los de otras comunidades indígenas chiquitanas, como Piso Firme, Porvenir y Florida, se convirtieron en centinelas de la nueva Área Protegida Municipal (APM) del Bajo Paraguá. Sobre una mesa de madera, en un techo improvisado de la pequeña escuelita de la comunidad, los entonces alcaldes de los municipios de San Ignacio, Moisés Salces; de Concepción, David Mollinedo y autoridades departamentales como testigos, firmaron un convenio para llevar adelante el plan de manejo del área de 1,2 millones de hectáreas de bosque, una de las reservas forestales más grande de Bolivia.
De acuerdo a cotizaciones obtenidas en ofertas de desmonte que hacen a través de Facebook, las empresas ofrecen sus servicios con orugas para desmontar una hectárea, hasta en:
500 $us
Ahí surge la pregunta: ¿De dónde sacan los colonos —que dicen no tener recursos económicos— el dinero para deforestar varias hectáreas de bosque?
Las autoridades celebraron la firma como si se forjara un arma contra el avasallamiento que está sufriendo el bosque y ante la expansión de la frontera agrícola que pasa por encima del Plan de Uso de Suelo (PLUS), el cual establece que los bosques son de uso forestal y no para agricultura o ganadería intensiva.
Uno de los principales impulsores de la creación de esta reserva, el experto que trabajó en la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, José Tarima, resalta que el objetivo de la creación del Áreas Protegida responde a la necesidad de proteger los bosques cruceños de los avasallamientos como los que ocurrieron en El Choré hace varios años:
— Es un cúmulo de problemas, y la única de las tres reservas (de Santa Cruz) que está más o menos sana es la del Bajo Paraguá.
Son muchas las amenazas que se ciernen sobre la selva y la mayoría de ellas derivan en jugosos negocios, tanto para bolivianos como extranjeros. En el primer eslabón de esa escalinata están los colonizadores, ya sean campesinos o los llamados “interculturales”, que son la punta de lanza del negocio de la deforestación, ya que cuentan con la fuerza política y económica para los avasallamientos de tierras. Le siguen las autoridades locales y nacionales, que otorgan el derecho a la posesión o propiedad comunitaria. La agroindustria que derriba miles de hectáreas de bosque, cuya tierra no tiene vocación para la agricultura ni ganadería, no se quedan atrás en esta cadena de destrucción.
Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, precisa que, de acuerdo a estudios de la organización, a partir de 2014 se han asentado en Santa Cruz –principalmente en la chiquitania- 1.400 comunidades nuevas, y todas han demandado tierras ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Se calcula que ya se trasladaron desde tierras altas hacia la chiquitania, unas 200 mil personas, en un territorio que no supera los 80 mil habitantes originarios.
Una investigación periodística conjunta de varios medios de comunicación, en marzo del año pasado, denunció la existencia de una rosca que se dedicaba al tráfico de tierras en Santa Cruz, y que se denominó Clan de los Leones, donde se desveló los negocios ilícitos que estuvieron a la cabeza de un ex director del INRA.
Por citar solo un ejemplo, la pesquisa descubrió que, entre los principales negocios, las parcelas que la institución otorgaba a los comunarios se vendían entre 10 mil a 15 mil dólares, y el alquiler de la tierra tenía un precio de entre 80 y 100 dólares por hectárea. De acuerdo a la ley, cada familia puede recibir gratuitamente hasta 50 hectáreas, pero, por lo general, no cuentan con maquinaria para el desmonte o la mecanización para la siembra o la cosecha.
Está caliente todavía el caso del ahora ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien fue detenido en abril con $us 20 mil en sus manos, en pleno centro paceño, supuestamente por concepto de un “adelanto” de una coima de $us 300 mil para “agilizar” el saneamiento de un terreno en San Ramón, en Santa Cruz. De acuerdo con la denuncia del Gobierno, también estarían implicadas autoridades del INRA nacional y departamental de Santa Cruz.
“No quería agarrar el dinero”, se escuchaba decir a Characayo en el video grabado por la Policía tras su detención, pero la decisión del Gobierno fue procesarlo, y apuntó a que fue víctima de una “trampa”.
En la oportunidad, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que existen hechos similares en el INRA departamental de Santa Cruz y el INRA nacional, y que las unidades de transparencia estaban investigando. Hasta el cierre de la presente entrega, no surgieron novedades de la investigación. Revista Nómadas intentó obtener la versión de Eulogio Núñez y de Adalberto Rojas, director del INRA nacional y de Santa Cruz, respectivamente, pero no atendieron a las llamadas telefónicas ni a un cuestionario enviado a las oficinas en la capital cruceña.
Los dirigentes de los colonizadores de la zona, durante el intento de desentierro del mojón, indicaron que son siete las comunidades que “necesitan” tierras en esta zona para el cultivo de soya, arroz y maní.
La Fundación Tierra, demandó la intervención del INRA y la inmediata paralización de los trámites de asentamientos y saneamientos con antecedentes de tráfico de tierras. Entre las medidas está la “intervención inmediata de la institución estatal para iniciar una auditoría “de alto nivel” de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz”.
Otra medida que solicitó es el desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan “resoluciones de desalojo” que obligan a las autoridades del Gobierno a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.
La tercera medida sugerida es paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite constitucional de 5.000 hectáreas.
El Comité Pro Santa Cruz, por su parte, invitó a los directivos del INRA a una reunión para que expliquen la política de dotación de tierras, pero hasta el momento no tuvieron respuesta. Mientras tanto, la entidad continuó con la entrega de títulos en Santa Cruz, lo hizo el 12 de mayo, cuando se otorgaron 643 títulos ejecutoriales a pequeños productores y comunidades indígenas de las provincias Chiquitos, Germán Busch, Ángel Sandoval, Ñuflo de Chávez y Velasco.
“Esta seguridad jurídica, aportará al crecimiento económico y agropecuario del país, el desarrollo de la agricultura, que tiene como finalidad obtener productos para el alimento de todos los bolivianos”, dijo Eulogio Núñez durante el acto realizado en Santa Cruz.
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Omar Quiroga, consultado sobre las acciones que realiza en relación a los avasallamientos de áreas protegidas, precisó que normalmente se confunde el rol de la institución, ya que la ABT solo otorga el derecho de uso para el manejo de los recursos naturales del bosque, mientras que el INRA otorga el derecho propietario de la tierra.
“Los avasallamientos tienen que ver con el rol que cumple el INRA y nosotros, por supuesto, acompañamos cuando se deben dar derechos de uso en algunas regiones de país, y lo que estamos haciendo es no dar derechos de uso en lugares donde está prohibido por nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestras normas vigentes”, justificó.
De acuerdo con la Fundación Tierra, en base a datos del INRA, hasta 2016, el saneamiento y titulación de tierras en Santa Cruz, el 33% estaba en manos del Estado (tierras fiscales), mientras que el 26% poseían los pueblos indígenas de tierras bajas. Los pueblos indígenas de tierras altas y los campesinos e interculturales poseían el 31% de la tierra.
Según datos actuales del INRA, los interculturales y campesinos -poseen el 28% de la tierra saneada en el país, lo que equivale a 24,8 millones de hectáreas. Para nadie es un secreto que estos dos sectores están ligados al partido de Gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), que adoptó el modus operandi de ocupar la tierra y luego buscar la titulación.
A unos 150 kilómetros al sur de Picaflor, se encuentra la localidad de San Martín, un pequeño centro urbano dominado por campesinos llegados del interior del país. Se podría decir que es el núcleo de la colonización del norte chiquitano, ya que las actividades económicas se mueven alrededor del desmonte y la agricultura, principalmente los cultivos de soya, arroz y maní.
Sobre su calle principal de tierra colorada, circulan motocicletas y maquinaria pesada. Los minibuses salen y llegan desde una improvisada terminal de pasajeros que viajan con mochilas al hombro para adentrarse al monte para trabajar la tierra.
Las casas de aspecto modesto contrastan con vehículos todoterreno en sus garajes, pero otras llaman la atención porque hospedan poderosos tractores oruga (bulldozers), palas cargadoras, rome-plows, fumigadoras y cosechadoras. Parte de esta artillería agraria ya ingresó al Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paraguá. Ingresó para destruir el bosque: derribar árboles y dejar sin viviendas a los animales silvestres.
Alcides Vadillo asegura que, en las comunidades campesinas asentadas en el oriente boliviano, existe “un número muy alto” de personas que solicitan parcelas como un mecanismo de negocio y la venta de los derechos de posesión deriva en el tráfico de tierras. “Todo esto está asociado a otra ley que autoriza desmontar hasta 20 hectáreas, sin mayores tramites, se llama PDM-20 (Plan de Desmonte), que se autoriza con simplemente llenar un formulario en la ABT (Autoridad de Bosques y Tierra)”.
Según la ABT, los desmontes pequeños de hasta 20 hectáreas (PDM-p20) están destinados para pequeñas propiedades agrícolas menores o igual a 50 hectáreas (Ley 741). A través de esta norma, se permite que la pequeña propiedad agrícola, que anteriormente solo podía chaquear hasta 5 hectáreas, a partir de la promulgación de esta Ley, el campesino puede chaquear hasta 20 hectáreas.
De acuerdo a cotizaciones obtenidas en ofertas de desmonte que hacen a través de Facebook, las empresas ofrecen sus servicios con orugas (bulldozers) desde 250 hasta 500 dólares por hectárea, incluyendo el transporte de la maquinaria. Ahí surge la pregunta que muchos analistas y conocedores del tema agrícola y forestal se hacen: ¿De dónde sacan los colonos el dinero para desmontar varias hectáreas de bosque?
Entonces tenemos que subir un eslabón más y encontrar a las empresas importadoras o representantes de agroquímicos y semillas, que brindan créditos accesibles a los agricultores, algunas a cambio de producción. Muchas de estas empresas son socias de empresas trasnacionales ligadas a grandes firmas soyeras, principalmente de Brasil y Argentina, que dominan el rubro en casi toda Latinoamérica.
Solo por citar un ejemplo, hay empresas que ofrecen sus servicios de desmonte y acordonado de parcelas, y a la vez están en el negocio de compra venta de propiedades, algunas en áreas de vocación forestal, como es el caso de una que ofrece a la venta un terreno en el Valle de Tucabaca (zona chiquitana de Santa Cruz), que “en el futuro será una zona agrícola”, aclara la leyenda que acompaña una fotografía de una pampa con un par de árboles, uno de ellos parcialmente quemado.
Líneas más abajo, el comercializador reconoce que el área es de uso forestal: “Suelos pesados, muy fértiles, arcillosos limosos, ricos en fósforo. Según el Plan de Suelos, es de uso forestal, por lo que se debe realizar una micro caracterización para poder hacer agricultura y ganadería. Se ubica en una zona donde, por el tipo de suelo y precipitación, permite un engorde intensivo. El maíz y el sorgo se pueden sembrar para sustentar el ganado en los meses secos, así como el cultivo de pastos como silo o en fardos. Permite cargas elevadas en verano, elevadas tasas de rentabilidad diaria y un muy buen nivel de producción de kilos de carne por hectárea. Área de 1400 mm por año, concentrada entre octubre y mayo”.
Los colonos intentaron oponerse a la instalación de mojones que son el símbolo de oposición a la destrucción de los bosques en la chiquitania.
En la investigación titulada Extractivismo Agrario, publicada por la Fundación Tierra (2018), el autor Ben McKay menciona un estudio de las Naciones Unidas (ONU) que revela que, en los últimos 30 años, Bolivia ha perdido más de seis millones de hectáreas de bosque y tiene una de las mayores tasas de deforestación per cápita del mundo (320 m²/persona/año). Esta cifra es 20 veces mayor que el promedio global (16m²/persona/año).
El 75% de esta actividad se encuentra en Santa Cruz, con una tasa de deforestación promedio de 200 mil hectáreas por año, entre 2000 y 2010. Otro estudio mencionado en el documento, encontró que entre 1992 y 2004, el 72,6% de los 1,88 millones de hectáreas de bosques talados en las tierras bajas de Bolivia fue provocado por la agricultura mecanizada de mediana y gran escala (53,7%) y la agricultura de pequeña escala (18,9%); el restante 27,4 por ciento le corresponde a la ganadería extensiva.
Este período coincide con la expansión inicial de la frontera agrícola, cuando la superficie cultivada con soya aumentó de 165 mil hectáreas, en 1992, a 602 mil hectáreas en 2004, según cifras de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO). “A medida que los precios de la tierra aumentan y las condiciones del mercado hacen que la soya sea más rentable que la ganadería, la agroindustria presiona a los ganaderos a expandirse hacia nuevas áreas, desencadenando más deforestación y abriendo nuevas áreas para la futura expansión de la soya”, dice parte del estudio.
Además, el mayor de todos los desafíos, en términos ambientales en el país, es la restauración de las áreas boscosas fragmentadas como consecuencia de la deforestación.
Oswaldo Maillar
Coordinador del Observatorio del Bosque Chiquitano
En ese sentido, el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, iniciativa de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), realizó un análisis para determinar las tendencias de la deforestación y las tasas de cambio en el departamento de Santa Cruz, a través de la serie temporal de las imágenes del satélite de observación terrestre Landsat.
Se pudo determinar que, en el año 1986, la superficie boscosa cruceña presentaba una proporción de 80,8% (29,8 millones de hectáreas) en relación a total de todo el departamento, la cual se redujo a 72,7% en 2010 (26,8 millones de hectáreas). En el año 2018 el porcentaje de cobertura llegaba al 68,9% (25,4 millones de hectáreas) y en el 2019 se redujo a 68,3% (25,1 millones de hectáreas).
“La tasa anual de la deforestación, considerando tan solo el período 2018-2019 es de 0,16 %, esto equivale a una pérdida de más de 600 campos de fútbol al día. En los próximos meses tendremos los resultados para el avance de la deforestación hasta el 2020 y así poder determinar las áreas que fueron deforestadas durante la pandemia”, dijo la FCBC, en un informe dirigido a Revista Nómadas.
De acuerdo con el documento, la tendencia de deforestación ha sido exponencial. Algunos trabajos concuerdan que a partir de mediados de los años 80 hasta el 2000 se generó una mayor pérdida de la cobertura boscosa en el área de expansión al este del Río Grande y en norte de Santa Cruz. “Estos procesos crecientes de la deforestación se debieron a los procesos de colonización, la construcción de infraestructura caminera y los incentivos económicos, especialmente en el área de las rutas troncales (…)”, señala la FCBC.
Todo esto aportó para que Bolivia ingrese a los primeros puestos de deforestación en el planeta. Por citar un ejemplo, los incendios de 2019 afectaron 240 mil hectáreas de bosque primario, superando la cifra de 2017, según un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), publicado en mayo.
De acuerdo con MAAP, esto a su vez contribuyó a la pérdida de 2,3 millones de hectáreas en la amazonia. Los países que contribuyeron para que esto sucediera –por orden de importancia- son Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Esto supone el peor registro de los últimos 20 años y el más alto en Bolivia, Ecuador y Perú.
El 19 de abril, cuando los entonces alcaldes de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces; de Concepción, David Mollinedo, las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz y algunos medios de comunicación se dirigían a la comunidad Picaflor, para la firma del convenio del manejo del bosque del Bajo Paraguá, una media centena de colonizadores bloqueaba el camino, justo donde se había plantado un mojón de madera que delimitaba la parte sur del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá.
Los colonizadores –autodenominados “interculturales”- a la cabeza del ya reconocido dirigente Ciriaco Umaña, protestaba porque no se les había hecho partícipes de la demarcación de la nueva área forestal, y que, por el mandato de su última asamblea, procederían a retirar el madero, ya que ellos necesitaban tierras para siete comunidades, cada una de entre 60 a 80 familias. Obviamente, las tierras están dentro del Bajo Paraguá.
Los mismos que derriban los árboles, los utilizan para colgar el letrero donde está escrito el nombre de la nueva comunidad.
La firma de una improvisada acta –entre los alcaldes y los representantes campesinos- logró un tiempo de paz que duró poco. Los bloqueadores, claramente identificados con el partido político en función de gobierno, no retiraron el mojón, a la espera que los alcaldes hagan las consultas ante el INRA, sobre la legalidad de los asentamientos. La institución gubernamental no respondió y los alcaldes cumplieron su mandato el 3 de mayo, lo que fue aprovechado por los campesinos, quienes retiraron el mojón.
El entonces alcalde de Concepción, David Mollinedo, aseguró que estos grupos avasalladores provienen de áreas de influencia del MAS, como San Julián, Cuatro Cañadas, Yapacaní y hasta el Chapare cochabambino, y buscan consolidar una estrategia geopolítica que asegure la mayoría de votos en las urnas.
El Área Protegida Municipal Bajo Paraguá nació legalmente en febrero de este 2021, mediante dos leyes municipales y abarca 154 mil hectáreas en la provincia Ñuflo de Chávez y 983.006 hectáreas en Velasco. La Fundación Natura, que está ocupada en la implementación del plan de manejo, trabajará en la zona por un lapso de cinco años. Participarán las comunidades indígenas que habitan en el área y el equipo técnico municipal, con el plan de manejo se definirá qué actividades son permitidas o no para comunidades que viven en la zona.
A pocos metros donde se erigía el mojón tallado, próximo a la comunidad campesina San Martín, se han construido chozas y se ha deforestado por lo menos una hectárea de bosque al lado del camino que une Santa Rosa de la Roca con Piso Firme.
Imágenes satelitales demuestran que se han abierto dos brechas, una de 1,2 kilómetros y otra de 8 dentro del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá. Los dirigentes de los colonizadores de la zona, durante el intento de desentierro del mojón, indicaron que son siete las comunidades que “necesitan” tierras en esta zona para el cultivo de soya, arroz y maní.
Según la investigación de Ben McKay, dado que la Ley de tierras prohíbe a los pequeños agricultores (con menos de 50 hectáreas) utilizar sus predios como un activo para obtener préstamos (hipotecas), las tasas de crédito para los clientes de alto riesgo son extremadamente altas. Esto deja pocas opciones para los pequeños agricultores, obligándolos a entrar en acuerdos contractuales con los agroindustriales a gran escala o con otros agricultores que poseen maquinaria.
“Así, los créditos abren puertas para el alquiler de tractores, cosechadoras y fumigadoras, pero los acuerdos con agricultores capitalizados permiten acceso directo y seguro a servicios que van desde la siembra hasta la cosecha”, dice McKay.
En esa necesidad ingresan empresas que brindan servicios integrales en el campo, como servicios de siembra mecanizada, fumigación, cosecha y administración de haciendas. Algunas pertenecen a los emporios soyeros más grandes de Bolivia.
Por ejemplo, en los balances de una empresa aceitera, publicados en la Gaceta de Comercio de Fundempresa en 2020, entre sus activos corrientes se encuentra el ítem “Anticipo a proveedores de materia prima” que supera los Bs 170 millones, una suma que se destina a los proveedores de soya como crédito o adelanto. En 2019, el mismo ítem era de más de Bs 70 millones.
Precisamente, Alcides Vadillo remarca que es el sector empresarial el que permanentemente insiste en la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de la soya, principalmente. “Ahora se pueden ver cultivos de soya en gran parte de (los municipios chiquitanos) San José, San Rafael, Concepción, incluso en la zona de Santa Rosa de la Roca”, sostiene el director regional de Tierra.
Cuando los primeros rayos del sol empezaron a apuntar sobre el cielo, se pudo ver la majestuosidad de esta parte del bosque del Bajo Paraguá. Árboles que con facilidad superan los 20 metros de altura, sacudidos por monos aulladores o “manechis”. Este es un bosque alto, transición entre el bosque seco chiquitano y la amazonia.
La ganadería intensiva también tiene mucho que ver en este negocio, ya que se ha pasado de una “ganadería tradicional” a otra más intensiva. De acuerdo a la Ley de Reforma Agraria, la carga animal establece que cada vaca necesita de cinco hectáreas para pastar. “Lo que estamos comenzando a ver son los impactos en el ambiente porque eso está significando el cambio de suelo de grandes extensiones. Hemos conocido lugares donde de un solo proceso, en un solo año, cambian 400 hectáreas de bosque por pasto”, añade Vadillo.
Todo este nivel de agresión hacia el bosque en la chiquitania está generando consecuencias negativas en el medioambiente, sobre todo en el suministro de agua. “El hecho de que toda la región chiquitana se asienta sobre el precámbrico, que es esa piedra impermeable, la más antigua del mundo, significa que no puede guardar agua en su interior y no se la puede extraer cavando un pozo de 100 metros. Todos los pueblos de la chiquitania tienen agua de represa y esto se está replicando en las estancias ganaderas, tanto para consumo humano y animal y productivo. Por ganadería estamos deforestando, por la agricultura también, por los asentamientos humanos estamos deforestando”, Lamenta Vadillo.
El coordinador del Observatorio del Bosque Chiquitano, Oswaldo Maillard, sugiere que, aunque es preocupante el escenario de la deforestación, no se debe olvidar el bosque que está en pie. Recuerda que hasta el año 2019, la cobertura boscosa en el departamento de Santa Cruz era de 25 millones de hectáreas.
Actualmente, son cuatro, de los 56 municipios del departamento, que contienen la mayor área boscosa: Charagua (5,9 millones de hectáreas), San Ignacio de Velasco (3,6 millones de hectáreas), Concepción (2,5 millones de hectáreas) y San Matías (1,6 millones de hectáreas) que, juntos, sobrepasan comparativamente a toda la superficie del territorio de Grecia.
“Además, el mayor de todos los desafíos, en términos ambientales en el país, es la restauración de las áreas boscosas fragmentadas como consecuencia de la deforestación y de las áreas degradadas por los incendios forestales, ya que se necesita de mucho esfuerzo para reconectar estos fragmentos y revertir la situación, especialmente en cuanto a la pérdida en términos de biodiversidad y el almacenamiento de importantes reservas de carbono”, señala Maillard.
La conservación de los bosques existentes y la restauración, así como la implementación de modelos de gestión territorial a escala de paisaje en áreas productivas, son acciones que deberán ser incorporadas en los planes de gestión territorial. “De la adecuada gestión de los recursos forestales, la toma de decisiones en la ocupación del territorio, de acuerdo a su potencial y valor, la preservación de las Tierras de Producción Forestal Permanente y el mantenimiento de la conectividad a escala de paisajes entre bloques de bosques, contenidos tanto en áreas protegidas como en tierras comunitarias e indígenas y en predios privados, dependerá el futuro de los bosques en Santa Cruz y de la sostenibilidad de su desarrollo social y económico.
Por su parte, Alcides Vadillo considera que Intervenir a tiempo significa tomar conciencia de estos riesgos. “No podemos ver a la chiquitania como un área de expansión de frontera agrícola, no podemos ver al bosque de la chiquitania como un botín político para entregar a los militantes del partido de turno. Cualquier actividad económica que se haga en la región, debe buscar que sea lo más amigable posible con la conservación de la vegetación”, remarca.
En las comunidades habitadas por colonos, es normal ver equipo de actividad agrícola que opera en una zona que es de vocación forestal.
Pedro Pereyra tuvo muchos clientes durante y después de la firma del convenio para la protección del Bajo Paraguá. Autoridades municipales, departamentales y equipos periodísticos que asistieron al acto en Picaflor, utilizaron su teléfono a un costo de Bs 1,80 el minuto.
El aparato fue de gran ayuda para nuestro equipo periodístico, luego de quedar varado a medio camino, a pocos kilómetros de salir de Picaflor de ida a Piso Firme. Es que los caminos aquí son casi intransitables, ya no quedan muchos aserraderos que arreglaban las vías como antes, uno de los pocos que quedaban, se quemó en los incendios de 2019 y los únicos dos que pudimos ver al lado del camino, están casi abandonados.
Un primer curichi y después otro, frenaron el avance de la camioneta Ford color azul que transportaba a parte de la delegación de la prensa. Inclinada sobre el agua, la noche tuvo que pasarse con resignación, sin pegar un ojo por la presencia de los mosquitos y el calor. Además, la incomodidad y la ropa mojada, no son buenos aliados del sueño.
No podemos ver a la chiquitania como un área de expansión de frontera agrícola, no podemos ver al bosque de la chiquitania como un botín político para entregar a los militantes del partido de turno
Alcides Vadillo
Fundación Tierra
El silencio del bosque fue cómplice de la luna, que no apareció y concibieron una noche oscura como el interior de un túnel formado por árboles. Solo el sonido producido por los bichos del monte rompía la monotonía de las horas. Algunos cazadores guarasuwé aparecieron con linternas, pero no pudieron hacer mucho para mover la tonelada y media de fierros, plantados en el fango color rojizo.
Por encima de la copa de los árboles vuelan las majestuosas parabas “frente roja” y otras azules, un espectáculo que solo la naturaleza puede brindar. A la vera del camino se pueden encontrar sacos con asaí recién cosechado por los guarasuwé, esperando que venga un vehículo y los recoja para llevarlos a la ciudad.
Apenas aclaró el día, dos integrantes de nuestro equipo decidieron emprender la caminata de regreso a Picaflor a buscar ayuda para sacarnos. La espera entre el agua y las abejas, fue rota por el sonido de un viejo, pero robusto bus que hace el servicio, cada 15 días, desde Porvenir hacia San Ignacio de Velasco. Don Víctor, chofer y propietario del motorizado, sin dudarlo bajó y con sus ayudantes amarró un cable de acero en nuestra camioneta y nos sacó del fango, después de 12 horas de espera.
Al enterarse de que dos de nuestros colegas caminaron a pie como 20 kilómetros en medio del bosque, nos advirtió que ese tipo de acciones puede significar la muerte a manos del “tigre” (jaguar), el mayor felino de América, poderoso y furtivo cazador de la selva.
El teléfono de don Pedro fue lo primero en ser utilizado a nuestra vuelta en Picaflor. Las llamadas a los familiares y jefes de prensa fueron como tranquilizantes para el alma. Un baño en el pequeño arroyo de aguas cristalinas, nos preparó para el almuerzo en la pensión Picaflor. El refresco de asaí fue un alivio, después de la travesía por el bosque del Bajo Paraguá.
Muchas aves del Bajo Paraguá se están quedando sin su hábitat.
Escondido como un tesoro, se encuentra en el sur de Bolivia, a solo 60 km de la ciudad de Tarija y comparte territorio con Chuquisaca. Tiene una profundidad de 3.030 metros, es tierra de jucumaris y nido de cóndores que sobrevuelan en un cielo enorme.
Roberto Navia
Bajo la dirección de Roberto Navia, Nómadas nace en formato digital y hará de la investigación y las nuevas narrativas, su fortaleza para contar historias sobre el medioambiente, las migraciones y los derechos humanos.
Nómadas
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