La Chiquitania en venta

De fondo, un violín hace melodía con el cantar de los pájaros. El imponente verde de la Chiquitania es impresionante. Sus árboles, sus ríos, su gente, su cielo luminoso… Todo es espectacular en las imágenes de la canción Que la selva no se quede sin voz. Esa armonía no se ve en otras postales que están en otros paisajes del bosque chiquitano. Es todo lo contrario. Esa vegetación está derribada, hay maquinaria pesada derribando árboles como si fueran pieza de dominó. Es un panorama de destrucción de los pulmones verdes, empujados por el interés de transformar esa espesura de árboles en una tierra plana, vacía y aves cantoras.

Santa Rosa de la Roca es una comunidad al suroeste del municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Ahí —como en otros sectores de la Chuiquitanía— el negocio inmobiliario está en su auge a pesar de que hace un tiempo fue una zona forestal. Uno de los empresarios que incursionó en esa zona es Adrián Barbero, un ciudadano argentino —nacionalizado boliviano— que se cataloga como un inversionista en agronegocios y como el primer desarrollador de proyectos menonitas en Surinam y Guyana. Además, dice ser experto en inversiones y desarrollo de tierras agrícolas y ganaderas también en Brasil, Argentina y Paraguay. Y así lo demuestra en sus redes sociales.

Entre sus principales espacios de negocios está la Chiquitania, ese inmenso mapa cada vez menos verde que ahora está en la mira de empresarios para explotar las tierras.

En Santa Rosa de la Roca ahora se enfocan los planes empresariales. Así se lo publicita en redes sociales. “Es una de las regiones de mayor crecimiento en el oriente boliviano. Ahí se están desarrollando grandes proyectos agrícolas que seguramente serán los mejores de Santa Cruz”, es la entrada del mensaje publicitario de la empresa AgroNegocios Barbero. Luego destaca que en esa zona existen inversores argentinos, brasileños y menonitas.

Es uno de los tantos proyectos que tiene esta empresa en varias zonas de la Chiquitania. Barbero habló con Revista Nómadas y aseguró que todas sus inversiones están sujetas en el marco legal y que trabaja con este tipo de negocios desde hace 30 años y 18 seguidos opera en Bolivia. El empresario relató que su negocio empieza adquiriendo tierras que estén tituladas y que no tengan procesos en la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT).

“Hoy, legalmente, es muy simple saber dónde estamos parados a la hora de elegir unas áreas. Solicitamos certificaciones al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para verificar el tema legal y catastral. Solamente evaluamos propiedades tituladas e inscritas legalmente en Derechos Reales, y en la ABT (vemos) si ha tenido quemas ilegales, si ha tenido un metro de desmonte ilegal, lo mismo el PLUS (Plan de Uso de Suelos) si no se adecua a nuestro proyecto, si no cumple esas reglas que son sagradas para nosotros, no es una inversión que nos interese. Si no se encuadra en esa línea legal no existe para nosotros la posibilidad de adquirirla”, dijo Barbero.

En ese afán, la presión es cada vez mayor sobre el bosque chiquitano. Primero, por su valor económico extremadamente bajo en el contexto boliviano y, segundo, porque los precios internacionales de la soya y la carne han sido un incentivo para el desmonte y la ampliación de la frontera agrícola. Además, hay un uso político de las tierras fiscales o de dominio del Estado, que son entregadas de forma gratuita a sectores sociales afines al Gobierno.

Pero ese apetito por ingresar a la Chiquitania se mueve también por el ámbito económico. Las grandes industrias y las cadenas de la soya, el sorgo y el girasol, tienen interés en expandir su producción, incluyendo cultivos transgénicos, reemplazando los ecosistemas de bosque seco por monocultivos a gran escala que integren las tierras chiquitanas a los mercados globales de commodities agropecuarios.

Colque admitió que este es un tema muy amplio y que gira en torno al precio de la tierra. El investigador tiene conocimiento de que en una buena zona de la Chiquitania, una hectárea puede llegar a costar hasta 5.000 dólares o tal vez un poco más. Esas cifras son atractivas para un inversor extranjero, pero también para un menonita. Y a eso se debe sumar las facilidades que tiene un empresario para adquirir un buen pedazo de tierra, por lo general en el bosque chiquitano con preferencia.

“Acá hay dos grandes hechos: uno, titulación de tierras de parte del INRA a grandes y medianos empresarios, sin hacer recortes y sin convertir las tierras cuestionadas en tierras fiscales. Es decir, sin reversión, sin expropiación de tierras, algo que está en la Ley de Tierras. Dos, una autorización indiscriminada de licencias y permisos de desmontes por parte de la ABT. (El desmonte) fue tanto que la ABT, desde 2016, autorizó miles y miles de hectáreas para desmontes, triplicando la cantidad de permisos respecto a registros históricos”, reveló Colque.

El negocio de la tierra empieza reconociendo el tipo de propiedad que es. Si está en estado de saneamiento, si tiene derecho propietario, si está titulada en regla, si es tierra fiscal o de una comunidad indígena o si está en proceso de titulación o saneamiento. Pero el negocio —según Colque—se da, por lo general, con las tierras que tienen derecho de posesión, que es otorgado por la ABT. Las tierras que están en regla pueden llegar a costar el doble de una que solo tiene derecho de posesión.

Son a esas tierras donde apuntan los empresarios, aunque corren algunos riesgos en sus inversiones debido a que los papeles no están totalmente en regla. Igual, lo toman y trabajan en esas áreas. Existen muchas ofertas de venta de tierras en la Chiquitania. Varias empresas que ofrecen terrenos para negocios agroindustriales inundan en las redes sociales. Tienen muchos clientes y este medio de comunicación habló con una de ellas para ver cómo funciona el negocio de la tierra.

Lo primero que exponen es la belleza de la Chiquitania. Alaban la zona y prometen que esa tierra tiene un futuro en el rubro agroindustrial. Del precio varían de acuerdo a la zona. Esta empresa —que no se publica su nombre— explicó que en las comunidades del municipio de Concepción el metro cuadrado puede llegar a costar diez dólares y que una casa en el terreno está entre 25.000 a 35.000 dólares.

“En Roboré, gran oportunidad, terreno 1Ha., A 350 m de carretera bioceánica y solo a 8 cuadras de la plaza principal. Cuenta con servicios básicos y vivienda familiar. Papeles al día con DDRR. 95,000 dólares”, es la oferta de otra inmobiliaria que trabaja en la Chiquitania. En este caso el anuncio es acompañado con el plano de ubicación y una “asesoría” para trabajar la tierra en la agroindustria.

“Tu lote de terreno a facilidades te espera en Roboré. Desde 4.500 dólares compra tu lote y construye tu futuro en el paraíso”, es otro anuncio de los cientos que están en redes sociales y que tienen muchas preguntas para poder acceder a los lotes. El negocio de la tierra en la Chiquitania es prometedor, así ofertan otros empresarios los lotes, que también se encuentran en alquiler para realizar trabajos agrarios.

La tierra es dinero, es poder, es una mercancía, y en la Chiquitania —lamentablemente— aumentan los intereses económicos. Ese apetito voraz por destruir el bosque genera un grave riesgo de que desaparezca toda la maravilla chiquitana. Ese temor tiene el biólogo Juan Carlos Catari, quien lamentó que cuando hay desmonte para la función agroindustrial no se respeta nada, ni servidumbre, ni el plan de uso de suelos, ni se aplican la normativa sobre el Plan de Ordenamiento Predial (POP).

“Cuando hay estos cultivos tumban las cortinas rompevientos y dejan tamaños no adecuados. Acá hay un problema que todavía no se ha investigado, que es la muerte de las cortinas rompevientos. Si bien pueden 10% o 20% de cortinas rompevientos, en muy pocos años esas cortinas mueren porque hay un efecto de desborde. Cuando estas cortinas no son bien manejadas, es algo muy devastador para un bosque. Incluso los mismos propietarios van disminuyendo las cortinas y no hay un control responsable de las autoridades”, lamentó Catari.

CON RIESGO A DESAPARECER

El biólogo no tiene dudas de que, si la mano agroindustrial sigue desmontando la Chiquitania, este hermoso paisaje puede parecerse y convertirse en algo parecido a lo que es ahora la Pampa argentina, un espacio que antes era un bosque espectacular y que de a poco fue devastado por los desmontes. “Si seguimos así, en un futuro a mediano plazo solo tendremos pedacitos de bosque en la Chiquitania”, alertó el experto.

“Cuando se desmonta un área que no es apta para temas agrícolas, la capacidad de suelo de esa área no va a rendir como uno quiere; entonces, a ¿qué conlleva eso?, a que se sigan buscando otros bosques, como lo hacen los menonitas o los industriales del Norte, que dicen que las tierras descansan y van buscando nuevas áreas. Esto es un apetito voraz”, lamentó Catari.

En la ABT no hubo respuesta para conocer en qué situación están las tierras de la Chiquitania y si esta incursión empresarial se la hace respetando la normativa. Se mandó mensajes y se realizó llamadas y no hubo respuestas. Algo similar pasó con el INRA, que solo pasó datos generales de tierras tituladas que existen en Bolivia. Esta entidad informó que el 89% de las tierras en el país ya están tituladas.

De acuerdo con el INRA, las empresas medianas y grandes tienen 6,3 millones de hectáreas tituladas. Mientras que 287.730 hectáreas cuentan con Resolución Final de Saneamiento (RSF) y 1,6 millones están en proceso de saneamiento.

Por su parte, el sector indígena, a través de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), cuenta con 5,2 millones de hectáreas saneadas. Por último, el sector campesino, interculturales y pequeñas propiedades tienen tituladas 4,8 millones de hectáreas. La tenencia de la tierra es actualmente un tema que caldea los ánimos.

Según datos de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), entre 2005 y 2021 se agravó la deforestación en la zona de la Chiquitania en todos los municipios. En San Ignacio de Velasco, en esos 16 años, el hábito de tumbar bosques se incrementó en 54%; en 59% en Concepción; en 43% en San Javier; 88% en San Miguel; 80% en San Rafael; y 80% en Roboré.

Es por eso que la necesidad de expansión agroindustrial, de la mano de grandes productores o de los mismos comunarios, ya puso sus ojos en la Chiquitania. Además, en otras zonas previas, como Cuatro Cañadas y San Julián, la deforestación alcanzó su máximo nivel, por encima del 90%, lo que obliga al negocio agroindustrial mirar el bosque chiquitano como el siguiente en ser depredado.

Ya lo están haciendo con un gran apetito.

Eso no aceptan las comunidades y pueblos indígenas que habitan la Chiquitania. Ellos se sienten invadidos porque gran parte de su territorio está en oferta en redes sociales, como si fuera el menú de un restaurante: uno puede elegir el lugar, si es alquiler o compra y tiene una escala de precios. Mientras las ofertas están en auge, la flora y fauna del bosque chiquitano está en peligro, ya que con los desmontes se van perdiendo bosques, animales y fuentes de agua.

“Los pueblos y comunidades indígenas chiquitanos nos sentimos invadidos, colonizados por nuevos actores socioeconómicos que llegan, arrasan con el monte, secan nuestras quebradas, exterminan nuestra fauna y queman nuestros bosques. Impotentes, vemos cómo se queman nuestros cultivos y se hacen humo nuestras esperanzas, con dolor vemos que los Jichis del monte, los de la laguna y la quebrada, están quedando hecho cenizas. Con mucho dolor e impotencia vemos cómo se destruye nuestro hábitat y nuestra cultura a nombre del progreso y desarrollo”, reza un comunicado de la Organización Indígena Chiquitana (OICH).

En la política, la incursión empresarial en la Chiquitania no es ajena. Hay reproches de todos los lados, unos más fuertes que otros. La diputada cruceña María René Álvarez, que representa a la región de la Chiquitania, todavía no puede creer que el bosque chiquitano es ofertado como si fuera una zona común. La legisladora pidió a las autoridades evitar que el negocio agroindustrial siga matando la vegetación.

“La cadena se extiende a grupos extranjeros, de gente que llega a asentarse y logra comprar tierras para luego cambiar el uso del suelo de vocación forestal a actividades productivas agrarias o ganaderas, lo que constituye un delito contra el medio ambiente”, cuestionó Álvarez.

La asambleísta puso como ejemplo el caso de la ex concesión Romano, en el municipio de San Rafael, donde se realizó el desmonte ilegal con maquinaria pesada desde 2013, luego que el INRA revocó la autorización para la explotación forestal bajo el argumento de que el Plan General de Manejo estaba inactivo, como informó la ABT, y concedió permiso para nuevos asentamientos a comunidades que se agruparon en un sindicato para ser favorecidos hasta la gestión 2022.

Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana (CC) y activista de defensa del medio ambiente, anunció que este caso requiere más atención y que se coordinará una petición de informe escrito para que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua detallen en qué condiciones están las tierras de la Chiquitania que están siendo ofertadas, y si existe favoritismo para que empresarios agroindustriales puedan acceder a ellas con facilidad.

“No sé por qué no se actúa de inmediato. El Gobierno deja pasar todo y luego vienen los problemas graves. Ya lo vimos en el parque Madidi (al norte del departamento de La Paz), donde la incursión por sacar oro es aterradora y devastadora. Se están perdiendo vidas humanas, pero también se está perdiendo un parque único en el mundo por su biodiversidad. Lo mismo pasa con la Chiquitania, donde no se actúa de acuerdo a normativa y dejan que los avasallamientos y tráficos de tierras empiecen a matar ese espacio tan hermoso”, cuestionó Requena.

La defensa de la Chiquitania tiene que entenderse como parte de una misma problemática y de una lucha común por la prevalencia de la diversidad biocultural. El tiempo se acaba y también van cayendo poco a poco los árboles del bosque chiquitano. El llamado de auxilio ya se hizo desde la Chiquitania, pero no hay respuesta, y como dice la canción Que la selva no se quede sin voz —de la orquesta de Santa Ana de Velasco y del cantante Milton Cortez— todavía hay tiempo para evitar una desgracia mayor.

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