La orfandad y soledad del Bajo Paraguá

Mientras el país duerme, el bosque del Bajo Paraguá se achica y se va quedando sin sombras. Quienes le han hincado el puñal son avasalladores que no llegan con una mano adelante y otra atrás en busca de tierra para sobrevivir. Son personas que lo hacen con una estrategia sólida y planificada, dispuestas a burlarse de las leyes bolivianas y que —sabiendo que se trata de un Área Protegida en la que está prohibido deforestar y hacerse de ella— ingresan con su pelotón de destrucción y una billetera gruesa: en vagonetas y camionetas, escoltando orugas cuyo alquiler por hora cuesta 70 dólares, consumen 140 litros de diésel por hectárea talada y cargando calaminas resplandecientes con las que construyen tinglados para resguardarse del sol que les da en la nuca y ahí —empapados de sudor— planifican cómo seguir mordiendo esta selva única y en transición entre el Bosque Seco Chiquitano y la Amazonía.

El Bajo Paraguá es un bosque exuberante que se encuentra en la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz (Bolivia). En febrero del 2021 se convirtió en Área Protegida Municipal con una extensión de 983.000 hectáreas. Pero esa coraza legal no pudo evitar que continúen los avasallamientos que le habían quitado la inocencia en noviembre de 2019, cuando un grupo de hombres sin pena arrasó 67 hectáreas de árboles que —según informes del Observatorio de la Fundación Para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)— ha seguido creciendo, porque la deforestación dentro del área protegida —que no ha parado— ahora es de 213 hectáreas.

Este poco más de dos centenares de hectáreas de selva cortados bajo precisión quirúrgica, sigue un patrón organizado por los perpetradores, campesinos que se autodenominan interculturales y afines a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), muy cercana al Gobierno Nacional.

Desde el cielo todo se ve y los avasallamientos no pueden ocultarse. Los análisis satelitales del Observatorio de la FCBC registran ocho sitios en áreas de deforestación ocurridas entre noviembre del 2019 y septiembre de este 2022. Todas las intervenciones tienen un mismo patrón, se trata de desmontes de las mismas características y dimensiones, con un promedio de siete kilómetros de largo de zona afectada.

Ahora, en imágenes satelitales, se pone en evidencia que el antiguo y el nuevo desmonte se encuentran en paralelo, lo que, según especialistas en análisis de los daños ambientales, se trata de una técnica que se conoce como “costilla de pez”, porque, en base a esas aperturas se continúa con un plan de desmonte cuyas brechas abiertas se asemejan al de una costilla de pez, sobre las que van metiendo orugas y penetrando en el bosque, que terminan interconectándose.

Bajo esta tendencia, es muy probable que el siguiente paso sea abrir más brechas, dejar que los árboles tumbados sequen y, dentro de tres meses, prendan fuego. La idea es que las brechas perpendiculares les permitan, a los deforestadores, meter maquinaria de forma más directa y, así, ahorrar combustible. Lo terrible de ese método es que también contribuye a la parcelación del bosque, lo que acarrea una pérdida de la integridad de bosques primarios y disminución de sus funciones ecosistémicas”.

Los especialistas explican que típicamente el proceso de desforestación se lleva adelante en varias etapas: La primera consiste en la apertura con maquinaria pesada de un camino principal y de varias brechas perpendiculares, siguiendo ese patrón denominado de costilla de pez. Aquella es la que permite acceder minimizando los gastos de combustible a los potenciales sitios de áreas a ser taladas. A partir de esos caminos, se lleva adelante una siguiente etapa de desmonte con maquinaria, que deja el predio desnudo, con los árboles y otros residuos orgánicos, y establece cercas muertas, que se van a secar en los siguientes meses.

Una vez el proceso de secado concluido, se lleva adelante el proceso de quema que termina de eliminar los residuos orgánicos que están sobre el predio, y así transformar el bosque, en suelo desnudo.

Los avasalladores del Bajo Paraguá deforestan y también atizan el fuego de los incendios forestales.

En resumen, la aparición de patrones de costilla de pez en áreas forestales señaliza la apertura de caminos, y potencialmente el inicio de un proceso de deforestación, que puede tomar semanas o años.

El Bajo Paraguá soporta una pérdida de integridad muy notoria. En menos de un año, Revista Nómadas ha realizado tres expediciones al área protegida y ha podido testificar cómo la deforestación ha modificado la riqueza del paisaje y cómo va quitando espacio a las especies que suman más de 1.200 entre vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que huyen en estampida con el ruido atronador de las orugas que con sus motores tragones de diésel rompen la música del bosque.

Los avasallamientos tendieron sus tentáculos desde el primer centímetro donde empieza el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá. En el costado derecho del camino que va hacia Porvenir y Piso Firme, hay un letrero de madera donde está escrito: Comunidad agropecuaria 15 de octubre y una que otra casa de madera, por lo general deshabitadas. También hay parcelas sin árboles, una planta de papaya, de maíz y de plátano por aquí y otra por allá.

Pero la vista panorámica de un dron muestra las dimensiones de la realidad. Lo que no se puede ver desde el ras de piso, si, se logra observar desde las alturas. Una brecha de deforestación luce como una herida sobre el lomo del Bajo Paraguá que tiene una superficie de 167 hectáreas.

De ahí para adelante las deforestaciones avanzarán de manera intermitente y estarán —en muchos de los casos—ocultas por una cortina de árboles que a sus espaldas ocultan brechas y techos de calaminas,levantados de la noche a la mañana como sede de reuniones de los autores del impacto ambiental.

A lo largo y ancho de la deforestación, no hay ni casas ni habitantes ni sembradíos. Solo un ambiente desolador, que sumadas todas las brechas dan 213 hectáreas que no costarían poco dinero Los deforestados del Bajo Paraguá, en esas 213 hectáreas que talaron, ya han invertido por lo menos 80.000 dólares, desde hace dos años, cuando se inició el primer desmonte, duermen, sin recibir —aún— utilidades que todo inversor se supone que espera. ¿Quién gasta 80 mil dólares para dejarlo quieto?, ¿de dónde sacan el dinero?, ¿quién está detrás de los interculturales que están avasallando el ANMI del Bajo Paraguá?

Los dos últimos avasallamientos ocurrieron entre julio y septiembre de este año. En cada una de ellas se logró ver cómo el verde espléndido de la selva y la vegetación que incluso cubría el cielo como un techo infinito, fue desapareciendo.

La última expedición de Revista Nómadas fue a mediados de septiembre, cuando la deforestación aún estaba caliente, cuando muchos de los árboles caídos —aún frescos, como si se negaran a morir— eran pasados por las llamas para “limpiar” los espacios donde los avasalladores construyeron sus tinglados.

¿A quién se le ocurre renunciar a las sombras de los árboles, tumbarlos y después construir un techo con calamina para protegerse del sol?

En la zona donde avasallaron, no dejaron árboles ni siquiera para descansar.

Un techo de calamina resplandece como una braza caliente. Bajo el techo hay banquetas de madera que fueron hechas con los troncos de los árboles que ellos derribaron.

El viento caliente, de rato en rato trae el olor pesado del combustible que dejaron los fantasmas de las orugas. Aquí, en uno de los ocho puntos de la deforestación, a pocos kilómetros del lugar que se conoce como La Mecha, la destrucción del bosque es joven y las cenizas de los incendios provocados han formado una cama suave sobre la tierra que se esparce con cada pisada y se eleva por el aire como si fueran los restos de aves muertas.

Hace un par de semanas, aquí mismo, a un costado de este camino donde suelen pasar camiones lentos cargados con troncos o motos con conductores que en la espalda llevan un rifle o un bus antiguo y valiente que una vez a la semana ingresa a Piso Firme, había una fila larga de camionetas y vagonetas estacionadas. En ellas habían llegado los avasalladores, cargado el combustible que mueve a las orugas y a las motosierras. En los turriles de plástico que ahora están vacíos, trajeron el agua que necesitaron tomar durante las faenas de desmonte, el agua que cada año será más escasa en esta región de mundo porque la tala está secando también las nacientes de los acuíferos que dan de beber a pueblos y ciudades de Bolivia.

Ahora, los motorizados ya no están a un costado del camino. Solo una vagoneta está adentro, en una parte donde antes había árboles y a un puñado de hombres se los ve trabajar armando el esqueleto de un cuarto que está siendo construido con troncos de los árboles caídos y que en los próximos días será cubierto con un hule azul. Pero en esa habitación nadie vivirá.

Será una más de las varias comunidades fantasmas que existen dentro del Área Protegida del Bajo Paraguá. Un modus operandi similar al de otros avasallamientos que ocurren en el departamento de Santa Cruz: Hacen creer que la tierra que deforestaron es para trabajarla, que necesitan cultivar para vivir.

Ocho puntos de desmontes ilegales dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá. Mucho más que el número de comunidades indígenas ancestrales, que apenas llegan a cuatro: Porvenir, Piso Firme, Florida y la más joven de ellas, Picaflor, donde vive familias del pueblo Guarasugwe.

“Nosotros, que somos nativos de este lugar, para ampliar nuestros chacos donde producimos para el sustento, necesitamos permiso de la ABT y tenemos que realizar un trámite burocrático, que demora mucho tiempo. Pero los avasalladores ingresan a nuestro bosque y deforestan según su antojo y sin autorización”, se queja Erwin Saucedo, cacique de Porvenir, que se considera, junto a todos los miembros de su comunidad, como protector del bosque y de los animales que viven en él.

El cacique de Porvenir y quienes habitan en esta comunidad a la que la Gobernación de Santa Cruz le dio el título de Capital Departamental del Asaí porque entre su selva alberga una alta densidad silvestre de este fruto amazónico, y temen que los desmontes avancen tanto que terminen llegando hasta sus puertas.

“Las autoridades tienen las herramientas legales para evitarlo”, coinciden en Porvenir y en Piso Firme donde viven familias Chiquitanas cuyo amor por la naturaleza lo heredaron de sus abuelos.

Las autoridades que se han pronunciado en contra del ataque al corazón del Bajo Paraguá han sido el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el secretario de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de la Gobernación, Jhonny Rojas, la diputada nacional, María René Álvarez y las caciques Piso Firme, Hortensia Gómez y la presidenta del Comité de Gestión del Bajo Paraguá, Maida Peña.

Después de que Nómadas reveló a comienzos de septiembre que un nuevo desmonte de siete kilómetros de largo apareció en el Bajó Paraguá y de confirmarlo a través de una expedición en días posteriores, la Gobernación de Santa Cruz armó una comitiva y viajó el 17 septiembre hasta los lugares de los desmontes y ahí constó que todo era verdad: se encontró con árboles tendidos como cuerpos sin vida,  huellas de incendios forestales recientes perpetradas por las mismas manos que desmontaron el Bajo Paragua; los miembros de la comisión, entre los que se encontraban Luis Fernando Camacho, el secretario de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de la Gobernación, Jhonny Rojas, la diputada nacional, María René Álvarez y las caciques Piso Firme, Hortensia Gómez y la presidenta del Comité de Gestión del Bajo Paraguá, Maida Peña, también vieron los techos de calamina y las precarias estructuras con paredes de hule azul.

El Gobernador Camacho, que caminó por entre la ceniza y los troncos caídos, aseguró que se unirá a las acciones que determinen las autoridades de la provincia Velasco para enfrentar y solucionar esta problemática que afecta al medio ambiente y al departamento de Santa Cruz.

La autoridad, también se comprometió en hacer llegar las denuncias a la ABT, el INRA y al alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Durado, quien no asistió con ellos al lugar de los avasallamientos y sobre él, surgen críticas por no utilizar las herramientas legales para defender un Área Protegida Municipal, como es Bajo Paraguá.

Hortensia Gómez, cacique de Piso Firme enfatizó en que está tremendamente preocupada porque, a pesar de que el INRA ya dijo de que el Bajo Paraguá es Tierra Fiscal no Disponible, las autoridades no están haciendo lo posible con evitar que los avasallamientos dentro del área protegida.

La cacique de Piso Firme se refiere al informe técnico que emitió el INRA

El 18 de julio del 2021, a través del cual reveló que había recibido 54 solicitudes para la dotación de tierra fiscal, pero que las todas fueron rechazadas por sobreponerse a la reserva natural, que está registrada como tierra fiscal no disponible, lo cual implica que queda terminantemente prohibida la ocupación de tierras mediante asentamientos o dotaciones, así como toda actividad de caza y pesca dentro de la reserva forestal.

Ese informe técnico del INRA, también conmina a la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierra (ABT) a coadyuvar en la defensa y protección del Área Protegida Bajo Paraguá, según lo establecido en el artículo 14, parágrafo III de la Ley N.º 1700, que dispone que cualquier persona que ocupe tierras de protección, áreas protegidas o reservas naturales, debe ser notificada por la autoridad competente para que desaloje las mismas.

Pero la ABT está en otra.

El director nacional de esa institución, Omar Quiroga, en una entrevista realizada por el periodista Marcelo Huanca Dorado, dijo que no es competencia de la ABT desalojar los avasallamientos clandestinos porque el Bajo Paraguá se trata de una reserva forestal municipal.

“En el Bajo Paraguá nos quieren involucrar en una situación en la que no tenemos competencia, sino, que es del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco”.

A Omar Quiroga también dijo que —en comparación a la cantidad de hectáreas que tiene el Bajo Paraguá— aún es muy poco lo que se está desmontando.

“El Bajo Paraguá es una reserva forestal que abarca dos municipios. En San Ignacio de Velasco hay un millón de hectáreas y en Concepción, 300.000. Se habla de 187 hectáreas de Chaqueo (pero en realidad son 213), 187, a un millón de hectáreas… por favor, no es una situación que esté poniendo en peligro la reserva. A veces exageramos… se está planteando una situación que no existe. Tenemos que cuidar la naturaleza en general, pero también tenemos que dimensionar la situación, porque a veces estamos exagerando. Es exactamente lo mismo que pasa con los incendios. Se habla que todo está incendiado por aquí y por allá, y son lugares bien específicos donde existen incendios, donde entra gente a combatir, hay gente irresponsable que los está generando y de igual manera se quiere generar una situación que no existe”.

Eso dice y eso cree el director nacional de la ABT.

Hortensia Gómez, pone énfasis en que, al ser un área protegida municipal, el Bajo Paraguá tiene, por ley, la protección del Municipio de San Ignacio. Pero lamenta que, pese a eso, los asentamientos sigan avanzando y que todas las comunidades indígenas se sienten desprotegidas porque el alcalde de San Ignacio, Ruddy Dorado no hace nada por defender el boque.  Por eso lo conminó a que actué de una vez para que no avance ni un metro más la deforestación que está destruyendo el bosque.

Pero el alcalde Ruddy Dorado, también está en otra.

Los avasallamientos en el Bajo Paraguá, el área protegida que está en su jurisdicción que gobierna, no paran, y él los viene mirando de palco.

“Lo que tenemos que hacer es un solo camino, unirnos todas las autoridades y llamar al Gobierno. Necesitamos de un INRA, de una ABT que nos de la mano, que esté de nuestro lado. Porque si usted tiene un mundo de autoridades y de instituciones que esté a favor de ellos (de los avasalladores) y en contra de nosotros, es una guerra perdida. Primero, tenemos que consensuar con ABT, con el INRA, llegar a un acuerdo”.

Eso ha dicho el alcalde Dorado a Revista Nómadas, cuando aceptó que se lo entreviste el miércoles 14 de septiembre. Aquel día, también dijo que estaba dispuesto a coordinar con autoridades nacionales y departamentales para encontrar solución y salvar al Bajo Paraguá de los avasalladores que él asegura pertenecen a las 40 comunidades que existen hasta antes del límite del área protegida.

“Desde que nos hicimos cargo del Gobierno municipal, hace un año y cuatro meses, lo primero que hicimos fue hacer una inspección al Bajo Paraguá… hemos ido y lamentablemente tuvimos algunos problemas, evitamos los enfrentamientos y vimos que no es ser macho ir a enfrentarnos, podríamos perder la vida, eso no queremos, no queremos derramar sangre de ningún lado, las cosas hay que seguir tratándola institucionalmente entre todos y ver cuál es la mejor forma”.

Pero nadie le ha pedido ni desea que el alcalde de San Ignacio apele a la fuerza y a la violencia para proteger al Bajo Paraguá.

Varias autoridades han coincidido en que, al ser un área protegida municipal, existen mecanismos legales que puede utilizar para evitar que los desmontes continúen.

El Bajo Paraguá es una Reserva Forestal establecida mediante el Decreto Supremo N° 22024 y Área Protegida Municipal por normas municipales 469/2021 y 124/2021 de San Ignacio de Velasco y Concepción; sin embargo, a pesar de la normativa vigente no ha sido suficiente para frenar la usurpación, deforestación y el exterminio de especies dentro del área natural.

El Gobernador Luis Fernando Camacho reclamó su presencia el sábado 17 de septiembre, cuando llegó, con una comitiva, hasta los lugares de la deforestación. El Gobernador dijo que se le había invitado a Dorado a que forme parte de la comitiva, pero que él no había aceptado.

La Diputada cruceña, María René Alvarez, que sí estuvo en la inspección, días después presentó, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto normativo que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 22024 para la protección y preservación de la Reserva Forestal Bajo Paraguá’, actualmente en riesgo por la deforestación que está sufriendo a causa de los avasallamientos.

“Es necesario contar con una norma nacional para proteger un patrimonio que es de Santa Cruz y de todos los bolivianos. Bajo Paraguá está sufriendo ataques sistemáticos de los avasalladores, usurpadores de tierras con fines de engorde para su comercialización ilegal. Fortalecer el respeto y resguardo de las áreas protegidas como Bajo Paraguá, antesala del parque Noel Kempff Mercado, es una obligación de todos los bolivianos en el contexto internacional”, enfatizó la diputada nacional.

Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión del Bajo Paraguá, detalló que el área protegida cuenta con un plan de manejo que ya estableció, mediante estudios, que toda la zona donde ya desmontaron ilegalmente más de 200 hectáreas, es un área netamente de recuperación muy sensible, donde no se puede deforestar ni realizar ninguna actividad humana.

“Es esta zona pretendemos realizar un centro de monitoreo, donde los Guardaparques puedan realizar un control permanente tanto de los desmontes como de los incendios.

“¿Qué hizo el municipio, la ABT? No hay resultados. Tenemos que ver qué acciones legales se deben hacer. También hemos solicitado a la Gobernación que si bien, no es su competencia, el Bajo Paraguá está dentro del departamento y se necesita su ayuda porque aún hay tiempo para salvar el área protegida. Estamos peleando por la vida, por la biodiversidad del bosque”, ha enfatizado Maida Peña, que ya no vive en Porvenir.

La voz de Maida Peña se pierde por entre los árboles de Piso Firme, donde vive ahora, en esa comunidad que es la última del Bajo Paraguá, pero que también es la puerta de entrada al Parque Nacional Noel Kempff Mercado que empieza al otro lado del río Paraguá, un afluente parsimonioso que fluye tranquilo como si el bosque no estuviera siendo atormentado por los avasallamientos que no encuentran frenos ni fronteras.