CASA VERDE
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Algunos ríos amazónicos, que son fuente de vida para los indígenas, también llevan el metal pesado por culpa de las actividades mineras. Foto: Revista Nómadas.
13 de junio de 2023
La investigación realizada por encargo de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), asegura que el 75% de las personas evaluadas supera el límite permitido de 1,0 partes por millón (ppm) de mercurio en el cabello.
Revista Nómadas
En la majestuosidad de la cuenca del río Beni (Bolivia), donde la naturaleza se entrelaza con la vida ancestral de los pueblos indígenas, una triste melodía resuena en sus corrientes. Un estudio reciente ha confirmado una dolorosa verdad: las comunidades indígenas que habitan esta región se enfrentan a una elevada contaminación por mercurio, producto de las actividades mineras en la zona, un flagelo silencioso que amenaza su bienestar y su forma de vida.
La concentración media de mercurio en todas las personas evaluadas es de 3,93 ppm, un valor que sobrepasa ampliamente los límites establecidos.
Bajo el título «Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas», la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) acaba de dar a conocer una investigación que empezó el 2022. Este estudio abarcó 36 comunidades pertenecientes a seis territorios indígenas en la cuenca del río Beni y sus afluentes: los ríos Tuichi, Quiquibey, Tequeje y Madre de Dios.
La tarea de desentrañar la realidad oculta ha recaído en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Mediante el análisis del cabello de 302 personas, se han descubierto datos alarmantes. El 75% de los evaluados presentan niveles de mercurio por encima de los límites permitidos, mientras que el resto permanece expuesto de manera continua a esta peligrosa contaminación.
En un esfuerzo por comprender el impacto de la creciente actividad minera en la cuenca, se han realizado encuestas para evaluar la percepción de las comunidades sobre esta situación y se han recolectado muestras de agua para detectar la presencia de contaminantes. Sin embargo, ha sido el análisis del cabello, una forma de medir la exposición al mercurio, lo que ha revelado la cruda realidad que enfrentan los pueblos indígenas.
Los resultados son desoladores. En un mapa trazado por la tristeza, se destaca que el 75% de las personas evaluadas supera el límite permitido de 1,0 partes por millón (ppm) de mercurio en el cabello. La concentración media de mercurio en todas las personas evaluadas es de 3,93 ppm, un valor que sobrepasa ampliamente los límites establecidos. De las 36 comunidades analizadas, 18 tienen a todas sus personas por encima del límite permitido.
Los pueblos indígenas más afectados por esta elevada contaminación son los Ese Ejja y los Tsimane’, cuyos niveles de mercurio en el cabello alcanzan una media de 6,9 y 6,8 ppm respectivamente. Estos pueblos dependen tradicionalmente de la pesca como fuente vital de proteínas en su dieta diaria, lo que agrava aún más su situación.
Las comunidades de la etnia Tsimané, en particular la de Corte, sobresalen con una concentración media más elevada de 11,25 ppm, seguidas por las comunidades de Aguas Claras (10,4 ppm) y Gredal (9,75 ppm).
De las 36 comunidades analizadas, solo cinco tienen una media por debajo de 1 ppm: San Pedro (0,87 ppm), Carmen Tahua (0,73 ppm), Tomachi (0,58 ppm), Popoy (0,58 ppm) y Pueblo Viejo (0,29 ppm). Desafortunadamente, las otras 31 comunidades (86,1 %) presentan concentraciones medias superiores a 1 ppm.
Ante este sombrío panorama, la CPILAP ha tomado medidas en busca de justicia y defensa para los pueblos indígenas afectados. En una asamblea departamental celebrada en la comunidad de Carmen Florida, en el Territorio Comunitario de Origen (TCO) del CRTM, el 19 de mayo de 2023, se emitió la Resolución Nº 03/2023. En ella, la CPILAP, haciendo uso de sus legítimas atribuciones otorgadas por la Constitución Política del Estado, el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, determinó tomar acciones legales.
También decidieron pedir al directorio de la CPILAP, al Tribunal Departamental de Justicia Indígena, la CIDOB y representantes indígenas del Norte Amazónico de La Paz demandar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciar las acciones legales de defensa correspondientes y reconocidas en la Constitución Política del Estado para denunciar los impactos provocados por la minería aurífera ante instancias nacionales e internacionales, puesto que representan una vulneración directa a los pueblos indígenas, a la vida, la salud, la alimentación, a vivir en un medio ambiente sano, a la consulta previa libre e informada y al territorio.
Además, consideran que es extremadamente urgente que se establezcan medidas regulatorias estrictas para:
—Confirmar los niveles de mercurio en los peces, tanto de los que son consumidos por los pueblos indígenas, los consumidos localmente (Rurrenabaque y San Buenaventura) y los que son mandados a las ciudades desde la zona y cuantificar sus respectivas variaciones a nivel de subcuencas para medir la afectación por la minería.
—Establecer medidas que limiten la venta y consumo de pescado con niveles elevados de mercurio. Restringir la pesca de especies con niveles elevados de mercurio (las piscívoras especialmente).
—Establecer medidas de resarcimiento a las comunidades más vulnerables que se traduzcan en oportunidades para mejorar su calidad nutricional.
—Coordinación con los responsables administrativos del cumplimiento de las normativas ambientales respecto al uso del mercurio (SEDAG, SENASAG, SERNAP) y las actividades mineras (AJAM, DGB), especialmente en las áreas protegidas con el fin de reducir las emisiones de mercurio en los cuerpos de agua de la zona.
—Es urgente establecer un observatorio permanente de los niveles de mercurio en sedimentos, peces y personas.
—Las comunidades con mayores niveles deben ser atendidas medicamente con prioridad y apoyados con análisis clínicos a las personas. Esta atención debería incorporar las evaluaciones de los potenciales daños neurológicos que ocasiona el metilmercurio especialmente en los niños.
—Es de extremada urgencia establecer procesos de educación en las comunidades para promover el consumo de especies de peces no predadoras, especies de tamaños menores, y establecer calendarios y cantidades de consumo de pescado para reducir la ingesta de mercurio.
—Dar cumplimiento a los compromisos firmados por Bolivia en el convenio de Minamata para la eliminación de la amalgamación del mineral en bruto, la quema expuesta de la amalgama, la quema de la amalgama y la lixiviación de minerales en sedimentos, mineral en bruto o rocas a los que se ha agregado mercurio, sin eliminar primero el mercurio.
—Establecer alianzas con el sector pesquero, para demandar la reducción del uso de mercurio en las actividades mineras auríferas en los cuerpos de agua ante la posibilidad de que los niveles de mercurio en los peces lleguen a niveles en los que se necesite, para cuidar la salud de la población, prohibir su pesca, venta y consumo del pescado proveniente de los ríos Beni y Madre de Dios.
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