Editorial

La política de asentamientos humanos en tierras rurales, implementada por varios gobiernos en Bolivia a lo largo de los años, siempre ha sido objeto de cuestionamientos. Su objetivo era sacar a los individuos de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población con escasos recursos. Sin embargo, en la actual coyuntura económica del país, es momento de revisar esta política en profundidad, especialmente ahora que el Estado enfrenta una escasez de recursos.

El fin del ciclo del gas, que duró más de 60 años y generó una bonanza económica, ha dejado al país en una situación de fragilidad económica y dependencia de la deuda externa. Los asentamientos humanos han causado degradación de recursos económicos y ambientales, incluyendo la deforestación de vastas áreas.

Esta política —por lo que se ha venido denunciando— también ha incentivado el tráfico de tierras y generados conflictos sociales con comunidades asentadas desde hace más de un siglo, e incluso con la posible pérdida de culturas y etnias locales. Además, se han denunciado organizaciones criminales que trafican y venden ilegalmente tierras, agravando los problemas en torno a los asentamientos humanos.

El modelo agroextractivista, mantenido artificialmente mediante subsidios, beneficios impositivos e intereses bajos, debe ser replanteado. Los proyectos de asentamiento bajo estas condiciones no son sostenibles y son vulnerables a problemas económicos, con escasez de recursos para mantener este modelo de acceso a la tierra.

En medio de una crisis económica severa, el gobierno enfrenta la insostenibilidad de mantener estas comunidades y garantizar derechos humanos fundamentales, como agua, luz, educación y salud. Es necesario considerar la tendencia mundial hacia el desarrollo sostenible, la urbanización y la migración hacia las ciudades, permitiendo mayor eficiencia y sostenibilidad en inversiones y gastos públicos.

Es crucial evaluar si se están brindando todos los derechos humanos fundamentales a estas comunidades, como acceso a educación y atención médica adecuada. En un país con recursos escasos, crear cientos de escuelas para un número reducido de estudiantes sería ineficiente, aunque sí, muy necesario.

Un aspecto importante que falta mencionar en esta discusión es el individuo. No se puede asumir que todas las personas que conforman la sociedad, especialmente las de menos recursos, tengan las mismas necesidades y prioridades. Cada individuo, rico o pobre, tiene sus preferencias y no es adecuado simplemente asignarles tierras en áreas rurales como una solución para la pobreza sin considerar si realmente desean vivir allí, marginados del resto de la sociedad.

Es necesario preguntarse cuál fue el propósito real de estas políticas de asentamiento. ¿Fueron motivadas por intereses políticos para cambiar el mapa electoral o para apropiación de tierras fiscales para negocios especulativos? En cualquier caso, el ciudadano es el perjudicado, sufriendo servicios deficitarios que retrasan el desarrollo humano en Bolivia.

Es hora de replantear la política de asentamientos humanos en Bolivia y buscar soluciones más sostenibles y eficientes que permitan garantizar los derechos humanos fundamentales y el desarrollo sostenible del país. El gobierno boliviano debe ser honesto y evaluar si cuenta con los recursos necesarios para garantizar el acceso a estos derechos. Es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico sostenible.

El modelo agroextractivista, mantenido artificialmente mediante subsidios, beneficios impositivos e intereses bajos, debe ser replanteado.