La otra mirada tiene poder
Las puertas del infierno están instauradas en los bosques de Santa Cruz (Bolivia). La raza humana ha puesto su veneno una vez más y lo ha hecho sin misericordia. Animales silvestres están tendidos encima de una cama de ceniza caliente. En diferentes rincones de la Chiquitania y de otras zonas atormentadas de Bolivia, la selva es ya un panteón de árboles y de lagartos y capiguaras, de pájaros que antes cantaban, de chanchos troperos, de osos meleros y de muchas otras especies víctimas del avance de la frontera agrícola en zonas no aptas para el cultivo extensivo, del tráfico de tierras, de la deforestación ilegal y de aquella que tiene el permiso cómplice de las autoridades, de los avasalladores que están destrozando las Áreas Protegidas y que dicen que son pobres pero que desmontan con orugas que su dios dinero y político puede pagar.
Ante la denuncia presentada por el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, con relación a los asentamientos ilegales en el Bajo Paraguá y la solicitud de desalojo, el Instituto de Reforma Agraria (INRA) emitió un informe técnico-legal el 18 de junio, mediante el cual confirmó que el Área Protegida Municipal y Reserva Forestal Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz (Bolivia), es tierra fiscal no disponible, que ha rechazado 54 solicitudes de asentamientos y que no inició ni iniciará procesos de dotaciones de tierras en esa zona del país.
El INRA dijo, además, que corresponde al Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco coordinar acciones con la instancia competente, es decir, con la entidad administrativa que ejerce tuición sobre el área correspondiente, que en el presente caso es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
El alcalde Ruddy Dorado dijo que solicitó a la ABT que proceda con el plan de desalojo, pero lamentó que esta institución no le haya dado respuesta. Dirigentes indígenas del Bajo Paraguá se han sumado al pedido y han dado a conocer que los avasalladores continúan tumbando árboles.
La pregunta imprescindible es: ¿Cuántas hectáreas más de bosque se van a desmontar hasta que llegue la ABT para proteger a la Chiquitania?
Miren cómo avanza la deforestación, cómo muerde con furia el ecosistema. Miren cómo a los desmontes se suman los incendios que ya entraron a los bosques del Área de Manejo Integral (Amni) San Matías y del municipio de Carmen Rivero Tórrez, en Santa Cruz, Bolivia.
Observen cómo esos dos bichos despiadados: los desmontes y los incendios, trasforma el verde oscuro y bello en un pedazo de muerte.
El fantasma enorme de los incendios del 2019 ya asoma por la gran Chiquitania y —como aquella vez— la naturaleza y sus defensores nuevamente se encuentran solos. Cuando pudieron evitarlo, ¿dónde estuvieron el INRA y la ABT?, ¿dónde se encontraban los alcaldes de los municipios y la Gobernación de Santa Cruz y el señor Estado que vive en su trono de La Paz? ¿Dónde están ahora que el fuego ya está aquí?
La estación 8 de julio de 2021 Un humedal menos en el mundo Hubo un tiempo en que existía en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un humedal que era la casa de capiguaras, de peces y de otros animales silvestres que vivían sin sobresaltos...
El veneno, un agroquímico aún no identificado, cayó del cielo el 27 de mayo. La avioneta monomotor esparció el compuesto tóxico sobre un campo de cultivo cercano a Río Grande, cerca de Puerto Banegas, en el municipio de San Julián, al Este del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Las partículas del tóxico también cayeron sobre centenares de colmenas y campos floridos donde millones de abejas laboraban de sol a sol. Una docena de apicultores ha perdido su producción y los ingresos de todo un año. Y 27 millones de obreras polinizadoras, la vida.
Las voces y la realidad están ahí, aguardan a que las podamos o queramos ver, escuchar, sentir. En un mundo en tinieblas, la palabra ilumina. El mundo es magnífico para leer historias.
