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La estación

31 de julio de 2021

El silencio doloroso de la ABT

Ante la denuncia presentada por el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, con relación a los asentamientos ilegales en el Bajo Paraguá y la solicitud de desalojo, el Instituto de Reforma Agraria (INRA) emitió un informe técnico-legal el 18 de junio, mediante el cual confirmó que el Área Protegida Municipal y Reserva Forestal Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz (Bolivia), es tierra fiscal no disponible, que ha rechazado 54 solicitudes de asentamientos y que no inició ni iniciará procesos de dotaciones de tierras en esa zona del país.

El INRA dijo, además, que corresponde al Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco coordinar acciones con la instancia competente, es decir, con la entidad administrativa que ejerce tuición sobre el área correspondiente, que en el presente caso es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

El alcalde Ruddy Dorado dijo que solicitó a la ABT que proceda con el plan de desalojo, pero lamentó que esta institución no le haya dado respuesta. Dirigentes indígenas del Bajo Paraguá se han sumado al pedido y han dado a conocer que los avasalladores continúan tumbando árboles.

La pregunta imprescindible es: ¿Cuántas hectáreas más de bosque se van a desmontar hasta que llegue la ABT para proteger a la Chiquitania?

MÁS LA ESTACIÓN

Miren cómo avanza la deforestación, cómo muerde con furia el ecosistema. Miren cómo a los desmontes se suman los incendios que ya entraron a los bosques del Área de Manejo Integral (Amni) San Matías y del municipio de Carmen Rivero Tórrez, en Santa Cruz, Bolivia.

Observen cómo esos dos bichos despiadados: los desmontes y los incendios, trasforma el verde oscuro y bello en un pedazo de muerte.

El fantasma enorme de los incendios del 2019 ya asoma por la gran Chiquitania y —como aquella vez— la naturaleza y sus defensores nuevamente se encuentran solos. Cuando pudieron evitarlo, ¿dónde estuvieron el INRA y la ABT?, ¿dónde se encontraban los alcaldes de los municipios y la Gobernación de Santa Cruz y el señor Estado que vive en su trono de La Paz? ¿Dónde están ahora que el fuego ya está aquí?

Hubo un tiempo en que existía en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un humedal que era la casa de capiguaras, de peces y de otros animales silvestres que vivían sin sobresaltos porque la mano dañina del hombre todavía no había llegado con sus modales de barbarie.

El 2014 construyeron la avenida G77 que nace en el octavo anillo de la prolongación Mutualista y muere 11 kilómetros más allá, en el aeropuerto internacional Viru Viru. La construyeron para que pase la caravana de mandatarios de Estado y representantes de 133 países, que llegaron para la cumbre internacional G77 más China que se desarrolló en Santa Cruz.

Después de que se fueron los invitados, la propiedad de la tierra de toda esa zona subió de valor y empezó a ser poblada en lo que dura un suspiro. Llegaron las urbanizaciones, condominios, barrios y también los loteadores. La basura proliferó y no tuvieron peor idea que depositarla en esa laguna donde saludables capiguaras jugaban como niños.

La laguna fue achicándose con cascote de las construcciones, plásticos, botellas, bolsas y cosas peores que los humanos tiraban con evidente entusiasmo. La sociedad cruceña se enteró a través de las redes sociales. El concejal Fede Morón se movilizó para buscar respuesta. Informó que la Gobernación y la Dirección de Medioambiente del Municipio, coordinan acciones para rescatar a las capiguaras y limpiar el tamaño del desastre.

Por las redes sociales, la sociedad cruceña también se enteró que apareció alguien que dijo ser el dueño de ese humedal y que empezó a colocar postes y encerrar con alambre la excasita de un puñado de vida silvestre que ahora está ya convertida en una obra nefasta del hombre, de muchos hombres.

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