Ahora mismo en Bolivia, los bosques y sabanas y otros ecosistemas no boscosos, están sufriendo incendios forestales de magnitud alarmante. Algo que típicamente se limitaba al mes de septiembre. Pero con la sequía persistente desde mediados de año por el fenómeno el niño, y el retraso de las lluvias, esta alza en incendios y focos de calor continúa a finales de octubre. Este surgimiento nos sitúa entre los países con mayor cantidad de focos de calor del mundo, que es un indicador aproximativo de los incendios, e incluso de las ciudades con peor calidad del aire. De hecho, Bolivia tiene hoy más focos de calor que el conjunto del territorio brasilero y en el último informe gubernamental se reportan más de dos millones de hectáreas quemadas de las cuales casi medio millón de bosque.

Es ahora que el humo ha alcanzado las principales ciudades del país, que se ha detonado la indignación y la preocupación, no solo en la opinión pública, sino también entre los líderes de opinión. La contaminación se percibe a simple vista y —con ella— se producen problemas de salud serios, sobre todo, para las poblaciones más vulnerables. Es indignante observar y sentir nuevamente otro año de quemas extremas en una magnitud tan alarmante y con toda la destrucción ecológica y social que conlleva. Todo esto es, evidentemente, muy preocupante, pero, siendo honestos, es preocupante que estos temas adquieran importancia recién cuando afectan a las poblaciones urbanas. ¿Acaso no preocupa el estado de los bosques y las poblaciones rurales? ¿Cómo hemos llegado, una vez más, a esta situación?

En medio de esta situación alarmante, son los mismos grupos de poder que autorizan y promueven la deforestación, quienes disputan las narrativas e imponen su versión de lo que sucede, y que, solo se hacen oír cuando pueden capitalizar la indignación, para culpar a sus contrincantes y hacer avanzar sus agendas políticas. Desde luego, es una actitud oportunista y que no tiene un interés genuino en la problemática socioambiental o ecológica, ni mucho menos en los bosques en particular o en la salud pública. Es más, esta coyuntura provee un momentum para que las narrativas de los grupos de poder y las acusaciones permitan a los tomadores de decisión deslindarse de responsabilidades, sobre una problemática que, rápidamente, volverán a ignorar.

¿Cuáles son algunas de estas narrativas de poder? Primero, la narrativa del ala del masismo, a la cabeza de Evo Morales que, paradójicamente, junto a exautoridades del Oriente, se indignan de que hasta ahora no hayan estallado protestas contra el gobierno y critican la falta de acción del gobierno de Arce e incluso lo acusan de estar detrás de los incendios. Cabe señalar que son los mismos que, durante los mega incendios de 2019, respondieron de forma negligente, tardía y teatral, ante las protestas masivas. Ahora, persisten con el argumento que en 2019 fueron víctimas de una presión social con fines políticos y que las preocupaciones ambientales eran oportunistas. Desde luego, esta interpretación es de mala fe, y hace caso omiso de lo que ocurrió aquel año. Los incendios tuvieron una magnitud y una persistencia muy superior a la actual, que es preocupante pero que, ni por si acaso, se acerca a los cerca de 6 millones de hectáreas quemadas en 2019.

Segundo, la narrativa del gobierno actual, se ha limitado en gran medida a señalar actuaciones criminales, sin aportar pruebas, ni nombres. Aunque en estos días, con la presión social, generada por la llegada del humo en las ciudades, la Autoridad de Bosques y Tierra anunció que inició 127 procesos sancionatorios, lo que es cifra ínfima frente a la situación que vive el país. También anunció que está trabajando en una nueva reglamentación para endurecer las sanciones, lo que viene muy a destiempo y, desde luego, no es retroactivo. En todo caso, la estrategia trillada de buscar chivos expiatorios no borra el hecho que hace años que los incendios ocurren y siguen impunes. Al mismo tiempo, hay que recordar que hace unos meses, el gobierno hacía gala del éxito de sus políticas públicas en materia de reducción de los incendios forestales. A su vez, el gobierno está enfocado en deslindarse de toda responsabilidad y se preocupa demasiado en desmentir elucubraciones conspiracioncitas, señalando que los incendios fueron causados por llantas quemadas lanzadas desde aviones.

Asimismo, a pesar de que el gobierno se jacta de controlar los incendios, hay que ser claros en Bolivia, lo único que apaga los incendios forestales, es la lluvia. Ni siquiera los loables esfuerzos de los bomberos profesionales o voluntarios, o la nula capacidad operativa del gobierno logran parar los incendios. Desde luego, esto no quiere decir que no haya que ampliar esfuerzos para controlarlos y proteger a las comunidades o los sitios de alto valor ecológico. Pero una verdadera política de control de incendios supondría actuar de manera oportuna y preventiva y no cuando ya es incontenible, o simplemente, declarando “pausas ambientales” cuando en los hechos, los incendios ya están prohibidos desde el 1 de agosto de 2023. Por ejemplo, abrogando leyes que posibilitan los incendios, y desarrollando una política pública efectiva de control y sanción, desde la Autoridad de Bosques que, dicho sea de paso, brilla por su negligencia. A cambio, la ABT centró su política de prevención de incendios en una campaña de ‘’socialización de sus roles y competencias’’ llevada adelante mediante una gran caravana que recorrió 11 municipios de Santa Cruz y 9 municipios en el Beni.

Tercero, la narrativa del agronegocio y de las autoridades actuales departamentales y municipales del Oriente, consiste en negar su rol protagónico en la aparición de focos de calor (incendios), y echarle la culpa a otro “chivo expiatorio”: los campesinos colonizadores y el gobierno central, a través de su política de dotación de tierras. Esto no quiere decir que estos actores no sean también responsables de los incendios, pero, de ninguna manera, en la misma proporción que el sector privado. Así es, el agronegocio es el primer responsable de la deforestación en el país y —consecuentemente— de gran parte de los incendios, como lo indica con mucha contundencia Fundación Tierra. Para tener mayor claridad sobre la responsabilidad de los diferentes actores, y particularmente del sector privado, se podría realizar un análisis rápido de tenencia de la tierra sobre las cicatrices de los incendios y sus zonas de inicio. Pero los datos de la tenencia de la tierra, no son accesibles públicamente, aunque —se comenta— que muchos traficantes de tierra sí los consiguen.

Asimismo, en los casos en que ya no es posible ocultar su responsabilidad, el agronegocio esgrime un argumento aún más cínico: la culpa la tendría el gobierno central por obligarlos a deforestar para cumplir la Función Económica y Social. Efectivamente, el cumplimiento de la FES actualmente no permite usos de la tierra compatibles con bosque en pie. Sin embargo, hace años que el gobierno suspendió la verificación de la FES y que, en los hechos, no tiene la capacidad real de verificar in situ y, cuando lo hace, no realiza reversiones o expropiaciones. Por lo tanto, la versión del agronegocio es ampliamente injustificado, sobre todo, considerando que resulta paradójico ya que la quema y desmonte ilegal es considerado como un incumplimiento de la FES y que todos los chaqueos están prohibidos desde el 1ero de Agosto 2023.

Por si lo anterior no fuera demasiado, algunos líderes de opinión en Santa Cruz señalan que el problema proviene de la pobreza y/o la avaricia de los que incendian el bosque, en vez de usar maquinaria para deforestar. No creo que exista retórica más repulsiva que vincular los incendios con la condición social y económica que tienen ciertos actores que viven en el ámbito rural. Este discurso se nutre sobre la ignorancia de que, incluso, los desmontes realizados con maquinaria generan incendios, para deshacerse de la materia vegetal residual seca que, de incendiarse durante el periodo de producción agropecuaria, podría generar pérdidas importantes. De forma general, esta narrativa pretende eximir de responsabilidad a los malos empresarios y sigue en línea con la idea de culpar los interculturales y, por asociación, al gobierno. Pero algo queda muy claro, los chaqueos son una práctica milenaria, la dotación en tierras bajas tiene varias décadas, y los mega incendios a repetición son un fenómeno post 2016.

En un momento en el que la contaminación nos provoca ardor de ojos y sequedad nasal, es importante mirar con ojos críticos las distintas narrativas que se difunden en los medios de comunicación. Hay que sopesar críticamente de dónde vienen estas narrativas y si realmente provienen de actores cuya motivación no solo tienen que ver con tomar posición de forma oportunista y/o impulsar una agenda propia. La manipulación de la problemática ambiental por los grupos de poder, es real, pero se trata, más que todo, de una oportunidad para limpiar su imagen y culpar al contrincante. Mientras tanto, la deforestación y los incendios son una problemática más compleja y que va a persistir por el auge de la expansión agropecuaria y el cambio climático creciente que los exacerba. Es gran tiempo de cuestionar el ‘’exitoso’’ modelo de desarrollo cruceño y los mitos de seguridad alimentaria y otros que lo sustentan, así como la narrativa de éxito de políticas públicas gubernamental y de su buena fe. Cuando el humo y malestar social pasen, entonces, ¿seguiremos haciendo caso omiso de la alianza entre el agronegocio y el gobierno? ¿Cuántos mega incendios, sequias severas y cuánto bosque tenemos que perder para, por fin, cambiar de rumbo?

*Nota del autor: Agradezco las amables revisiones de Juan Pablo Neri y de Jose Octavio Orsag.