En medio de una crisis de diésel, desabastecimiento y preocupaciones climáticas y económicas, Bolivia enfrenta un dilema que requiere atención inmediata. El año pasado, 400 mil hectáreas de bosques fueron desmontadas, utilizando en promedio 140 litros de diésel por hectárea. Esto significa que se usaron aproximadamente 56 millones de litros de diésel, casi el 40% del total demandado mensualmente en toda Bolivia.

Lo más preocupante es que los bolivianos estamos subvencionando esta deforestación. Mientras el diésel cuesta Bs 3.74 por litro al deforestador, el precio internacional está por encima de los Bs 9. Esto implica una subvención de Bs 5.26 por litro, lo que equivale a que los bolivianos pagamos de nuestros impuestos Bs 736 por cada hectárea de bosque desmontada. En total, el pueblo boliviano ha financiado Bs 294 millones para la deforestación del año pasado.

La pregunta es: ¿debemos seguir permitiendo que nuestros recursos se utilicen para destruir nuestros bienes públicos? La deforestación no solo es un problema ambiental, sino también una cuestión económica que afecta directamente al bienestar y futuro del país. En un contexto donde el cambio climático y la preservación del medio ambiente son cada vez más cruciales, es fundamental replantear nuestras políticas y prioridades.

La subvención del diésel, destinada a apoyar la industria agropecuaria, está teniendo un efecto perverso en el medio ambiente. No solo estamos perdiendo nuestros valiosos bosques, sino que también estamos financiando nuestra propia destrucción. Es hora de que los ciudadanos y los tomadores de decisiones enfrenten este problema y busquen soluciones sostenibles que protejan nuestros recursos naturales y garanticen un futuro más verde y próspero para Bolivia. La reevaluación de estas subvenciones y la implementación de políticas más ecológicas y sostenibles no son solo necesarias, sino urgentes.

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