ENTREVISTA
ENTREVISTA
La senadora Cecilia Requena (Comunidad Ciudadana), analiza sobre la grave situación ambiental en Bolivia durante el 2023, marcada por la deforestación, los incendios forestales y el envenenamiento de pueblos amazónicos por el uso de mercurio, atribuidos —enfatiza— en gran medida a políticas públicas sectoriales y a la expansión de la minería aurífera.
22 de abril de 2024
Cecilia Requena, se adentra en el corazón de los bosques para documentar la crisis ecológica que amenaza a Bolivia.
Periodista y economista ambiental
– ¿Cómo evalúa la problemática ambiental en el país durante el 2023, sobre todo para los bosques y todo lo que vive en ellos?
– En Bolivia, el 2023 ha sido otro año devastador para los ecosistemas, en general, incluyendo la biodiversidad (formas de vida), para los bosques y para las fuentes de agua, en particular. Van décadas de reiteración cíclica y agravamiento de este desastre anual que nos deja con cada vez menos espacios naturales bien conservados. El ecocidio, resultado de la destrucción generada por nuestra especie, nos sitúa ante una crisis vital.
La deforestación y los incendios forestales, que consumieron más de 3 millones de hectáreas, adicionales, el año pasado, representan una pérdida irreparable de bosques, que son fundamentales para la biodiversidad, los ciclos predecibles de agua, la calidad de vida de los bolivianos y la viabilidad futura del país. Este ciclo destructivo, exacerbado por políticas públicas sectoriales diametralmente opuestas a los equilibrios ecológicos, amenaza con cambios irreversibles en los ecosistemas y impactos socioeconómicos aún mayores. Además, el envenenamiento de pueblos amazónicos por el uso de mercurio es un crimen intolerable.
El MAS, como responsable de estas acciones, debe rendir cuentas por sus omisiones y acciones. Estas acciones se suman, agravan y aceleran los impactos de crisis climática global, combinada con el fenómeno de El Niño. Las olas de calor, agudas sequías e inundaciones extremas, a menudo secuenciales, son parte de las graves consecuencias ya presentes para la población y la infraestructura del país, uno de los más vulnerables del mundo.
Por si fuera poco, todo esto destruye oportunidades de un auténtico desarrollo sostenible apto para el siglo XXI, capaz de mejorar la calidad de vida de la gente de modo permanente, no solo en el corto plazo. Por ejemplo, están destruyendo fuentes críticas de agua, sitios con notable potencial para el ecoturismo y para las economías bio-regionalmente adaptadas, como las del bosque en pie. Urge un cambio de rumbo antes de que sea demasiado tarde que solo llegará si suficientes actores sociales dan la batalla contra las devastadoras inercias.
Van décadas de reiteración cíclica y agravamiento de este desastre anual que nos deja con cada vez menos espacios naturales bien conservados.
– ¿Respecto al auge de la minería aurífera en ríos, territorios y parques nacionales del Norte de La Paz, Beni y Pando, que perspectivas para revertir esa situación, en particular dado el envenenamiento al mercurio desenfrenado que viven sus poblaciones?
– Mientras el MAS esté en el poder, la situación empeorará trágicamente. Muchas autoridades son parte de este enorme y nefasto saqueo del país, otros tiemblan ante la brutal presión del sector y no falta quien argumenta que este tipo de minería desbocada, violenta, devastadora es positiva para la economía del país. Son socios, cómplices. Por eso, lejos de hacer respetar nuestros derechos elementales, como autoridades estatales, facilitan el horror. En estos días intentan forzar la aprobación en la Asamblea de 19 contratos mineros que incumplen la propia ley minera, pasando por encima de CPE y otras normas. No tienen límites. ¡Ya anunciaron que siguen 3mil contratos más!
Queda la resistencia social y la minimización de daños y catástrofes irreversibles en muchos casos, luchando desde las comunidades, algunos municipios ejerciendo sus competencias ambientales, grupos urbanos de activistas, medios conscientes y las redes nacionales e internacionales que existen y otras que se puedan armar. El problema del oro es también regional y global. Debemos trabajar en todos esos ámbitos.
Hay algunos logros, aunque insuficientes, nos deben fortalecer: Las denuncias del Relator Especial de las NNUU para Sustancias Tóxicas; el posicionamiento del tema en la agenda partidaria. El fallo de un juez agroambiental en 2023, ordenando al Estado retirar la minería ilegal del Madidi, y Acciones Populares con diferentes grados de éxito, (CPILAP y asambleístas de CC).
Con todo, el envenenamiento por mercurio, etnocidio, de pueblos indígenas amazónicos es un crimen imperdonable e irreversible, lo mismo que destrucción de la cuenca amazónica, así como de otros ecosistemas, como glaciares, humedales, vertientes, etc.
La senadora boliviana, investiga in situ los efectos devastadores de la deforestación en las entrañas de la naturaleza.
¿Conocemos desde luego su compromiso medioambiental y con las poblaciones de los territorios afectados por extractivismo, como usted define su año y cuáles son para este 2024 los mayores retos que tiene desde su rol como senadora o desde el legislativo?
La minería del oro en la cuenca amazónica y la deforestación, e incendios forestales crecientes, en la misma cuenca por políticas públicas agropecuarias que no respetan la vocación de los suelos, entre otras causas de inviabilidad en el tiempo. Esto incluye el agro diésel. Esas son las prioridades más altas.
Hay muchos otros problemas ineludibles como la grave situación del Lago Titicaca y los glaciares, la contaminación urbana del agua y aire, la pérdida, o falta, de áreas verdes y los asentamientos insostenibles. Es también el caso del riesgo ecológico, particularmente hídrico, del litio. Haré lo posible para abordar estos temas, aunque sea de modo inicial. Es, en todo caso, indispensable y constructivo trabajar en redes colaborativas.
Según datos de Fundación Tierra, entre 2016 y 2021 más del 60% de los desmontes ocurrieron de forma legal o ilegal en predios empresariales. En su perspectiva, sin demonizar al empresariado, ¿qué responsabilidades tiene que asumir el sector empresarial?
La responsabilidad intergeneracional con sus propios hijos y nietos, con la niñez de Bolivia y con el país y sus bienes comunes, así como con el interesante desafío de la agropecuaria apta para este siglo, que debe ser no solo sostenible sino regeneradora de ecosistemas degradados. No es moralmente aceptable, ni defendible, ni inteligente dejar a los jóvenes de hoy, a los niños y a los que nacerán en el futuro un país sin capacidades de resiliencia frente a la Crisis Climática y a otras crisis convergentes, como la de biodiversidad y otros puntos de quiebre. Es un reto que cada vez más líderes jóvenes del sector asumen proactivamente, como debe ser, también por razones de competitividad y viabilidad económica.
Respetar la vocación del suelo es clave y un buen punto de partida. Los suelos forestales que son predominantes en las tierras bajas del país no deberían ser deforestados por resultados financieros de corto plazo, creando desastres sistémicos de mediano y largo plazo. Nadie tiene derecho de infringir ese daño a quienes no pueden defenderse, ni ser representados adecuadamente hoy: las siguientes generaciones y las otras especies con las que compartimos el planeta en ineludible interdependencia.
La buena noticia es que estas estrategias ya son parte de una visión empresarial actualizada y, por tanto, viable. El siglo XXI será sostenible y regenerativo, o no será, dijo alguien. Creo que es así.
El ecocidio, resultado de la destrucción generada por nuestra especie, nos sitúa ante una crisis vital.
La expansión agropecuaria que impulsa la deforestación, principalmente ganadería y soya, es instigada por el gobierno y el sector privado, bajo el argumento que aporta a la seguridad alimentaria del país. ¿Realmente necesitamos deforestar más para alimentar al país?
No, es precisamente al revés. No puede haber seguridad alimentaria de largo plazo, sostenible sin suelos y ecosistemas saludables gracias a prácticas sostenibles agropecuarias, forestales, agroforestales, y otras que respetan la vocación del suelo y las características de los ecosistemas.
Más aún, debemos considerar la importancia crítica de la conservación de los ecosistemas en su interrelación con otros procesos, como la generación de lluvias y el acceso al agua para la agropecuaria. Hay elementos adicionales como la destrucción del suelo tropical por prácticas inadecuadas y que ya tienen alternativas probadas y promocionadas por la FAO.
Urge replantear la visión de desarrollo, entendida de modo excluyente como la exportación de commodities, con nulo o poco valor agregado, a mercados internacionales inestables. Hay alternativas viables como las economías del bosque en pie, como la almendra, el cacao, y el café que ya tienen mercados internacionales de nicho, que se diferencian por interesados en la trazabilidad; es decir en que la producción sea social y ecológicamente responsable y estar dispuestos a pagar más para el beneficio de los países productores. Ya hay ejemplos exitosos en Bolivia.
Estas economías sostenibles y regenerativas suelen crear y reforzar tejido social en las regiones, ofrecen alternativas dignas y duraderas que se interconectan con otras en lógica de clusters, con la economía naranja el turismo sostenible y culturalmente respetuoso. Bolivia tiene, aún, notables oportunidades para las transiciones postextractivistas.
En un esfuerzo por concienciar sobre la destrucción ambiental, Cecilia Requena se sumerge en la naturaleza afectada por varios enemigos.
En nuestras investigaciones estamos evidenciado poco a poco como el negocio de la tierra sostiene la deforestación y genera niveles de ganancia que no tienen comparación con ningún otro sector legal. En qué medida las alternativas a la deforestación propuestas tienen que ser más rentables que el negocio que impulsa la deforestación?
Sería deseable que las opciones a la deforestación sean más rentables, social y ecológicamente responsables. Creciente cantidad de estudios demuestran casos en que ya lo son. Sin embargo, por ahora no es así. Pero, este no puede ser el único criterio. El bosque amazónico, y otros, son vitales para la humanidad y protegerlos es un imperativo más allá de consideraciones económicas de corto plazo y de sectores.
Debemos promover, vía políticas públicas, procesos de transiciones productivas y detener, también legalmente, los incentivos para a la deforestación para la especulación con la tierra. Eso incluye a asuntos como nuevos y mejores incentivos para conservar productivamente ecosistemas; la interpretación adecuada de la Función Económica-Social de la Tierra; la lucha efectiva, con apoyo social organizado, contra la corrupción y las mafias en la entrega de tierras fiscales; el fin de la promoción y/o permisividad con la devastación y contaminación de agua, suelos y aire, entre otros; la limitación de la ampliación de manchas urbanas.
Hay, actualmente, un creciente espacio de finanzas sostenibles (más allá de bonos), dispuestas a apuntalar la economía circular. Otros países de nuestra región están aprovechando muy bien de estas fuentes de financiamiento e inversión públicos y privados para avanzar en la dirección necesaria.
Como el sistema económico vigente no ha logrado, ni remotamente, internalizar costos sistémicos como la pérdida progresiva de agua o biodiversidad, el precio de mercado de la tierra puede aumentar con la deforestación en vez de reflejar el empobrecimiento y hasta destrucción de los ecosistemas boscosos. La teoría económica neoclásica ha empezado a generar auto-crítica en pro de la superación de modelos que obviaron la realidad finita y frágil del los ecosistemas en todo el planeta que deberán alimentar acciones públicas y privadas urgentes, como las mencionadas. Ya tenemos el conocimiento suficiente y el financiamiento es factible. Falta la voluntad política para avanzar.
La deforestación y los incendios forestales, que consumieron más de 3 millones de hectáreas, adicionales, el año pasado, representan una pérdida irreparable de bosques.
Comunidad Ciudadana junto a los demás partidos Creemos y el MAS apoyaron la aprobación de la Ley 1391 en el 2021, mediante la cual se elimina el IVA para la importación de maquinaria pesada, notamente agropecuaria la cual sirve para la deforestación. Entendemos que era una medida de reactivación económica post pandemia. ¿Dado el impulso y expansión que tiene el sector, es algo que deberían revisar? ¿Existen registros de votaciones de los asambleístas? ¿Cuál es la dinámica de debate y toma de decisiones para Proyectos de Ley dentro de la Cámara de Senadores?
Habiendo revisado en retrospectiva esa sesión en la que no participé por estar en semana regional (obligatoria según nuestro reglamento), se puede deducir, por las participaciones que quedaron registradas en las actas, que hubo senadores/as que votaron en contra. Lamentablemente, no hay registros de votaciones individuales, salvo excepciones. Normalmente, el conteo agregado de los votos, realizado por el Secretario sólo da cuenta de la existencia de mayorías, o no. Es lo único que queda en los registros y no cómo votó cada senador/a.
Más allá de la votación, las normas aprobadas deben estar siempre enmarcadas en criterios de sostenibilidad y evitar que terminen reforzando dinámicas devastadoras de los ecosistemas del país y, por tanto, de las bases de la calidad de vida de la gente y de la viabilidad futura de Bolivia y sus habitantes.
Con respecto a la votación y a la condiciones de trabajo y debate en la ALP, es importante tomar en cuenta algunos puntos, no exhaustivos, pero esclarecedores: Aunque la situación descrita enseguida ha cambiado algo en el Senado desde la división del MAS en dos bloques, en 2021 el partido de gobierno contaba con mayoría en ambas cámaras y hacía valer esta mayoría, abusando frecuentemente, pasando por alto derechos de legisladores/as de la oposición en aspectos críticos para el trabajo como ser: Acceso oportuno a la agenda de Comisiones y Pleno, a proyectos de ley, a oportunidades de debate amplio en el pleno (era muy fácil pedir moción de suficiente discusión y aprobarla por mayoría simple), o al derecho de evitar el tratamiento exprés de normas, pasando por alto procedimientos normales de tratamiento (también por mayoría simple). Son apenas parte de los problemas que seguimos afrontando aunque en menor grado, por ahora. En suma, era muy sencillo para el gobierno aprobar normas sin tomar en cuenta a la oposición, sus opiniones o propuestas.
En cuanto al trabajo previo a la sesión y al tratamiento en pleno de los diferentes proyectos de ley, cabe notar que no existe una plataforma de fácil acceso a la documentación detallada de análisis de los Proyectos de Ley. Es el caso de los informes sobre los proyectos del ley emitidos por instancias como ministerios, o de la correspondencia con la sociedad civil, o municipios, entre otros. No hemos dejado ni dejaremos de solicitar información relevante de base y de análisis para los proyectos de ley que se tratan en el pleno. Solemos compartir estos insumos con la red interesada de sociedad civil, especialistas y otros actores a fin de realizar análisis de calidad. Pero la negativa sistemática de acceso a la información de todo el Estado boliviano, dificulta al máximo el trabajo de la oposición y no hay a quien elevar una queja con la expectativa de resultados positivos.
Para hacer avanzar la agenda socioambiental en el país, el respaldo sostenido de la opinión pública es muy importante. ¿En términos de sensibilización y consciencia socioambiental, como podemos alcanzar una masa crítica y que se traduzca en dicho respaldo?
Pleno acuerdo no solo con la importancia crítica del respaldo de la gente sino de la movilización activa de parte de la sociedad civil. La agenda socioambiental no existiría sin las propuestas, la denuncia y la movilización generadas desde la sociedad civil, organizada y no organizada. Lo grave y peligroso es que, en Bolivia, enfrentamos la destrucción de las bases vitales en terrible precariedad porque el Estado, en vez de garantizar los DDHH y trabajar por el Bien Común, es cómplice, por acción omisión, de la destrucción ambiental. De ahí, la importancia aún mayor del respaldo activo de la gente. La esfera local es crítica para generar cambios.
¿Cómo? Tengo muy claro que no es tarea fácil; que mucha gente debe afrontar amenazas y miedos. 1) Es clave la capacidad de construir colectivamente, desde la esperanza, una visión alternativa del país con propuestas de estrategias de transiciones viables y rigurosamente planteadas, basadas en el mejor conocimiento disponible en cada momento. Los casos exitosos en la región, como los de transiciones productivas y energéticas existentes, son de gran ayuda. 2) La red multinivel y diversa es indispensable para la fortaleza, la resiliencia, la solidaridad y la eficacia del trabajo y la movilización. Abrazar la diversidad de ideas y modos de contribuir. Apertura crítica y apertura a los “otros”. 3) Espacios amplios para la creatividad, la reflexión, la alegría. 4) Fundamentar lo que hacemos y la convocatoria a los demás para alcanzar la masa crítica en el amor de cada quien por los suyos. Congregaremos a más gente que si nos limitamos a otras motivaciones válidas como el miedo, la ira, la victimización o la culpabilización. 5) Perspectiva sistémica, de largo plazo, con ideas claras para el corto plazo y la desafiante realidad de nuestro país.
Las consecuencias ya visibles del desequilibrio serán tristemente útiles para la comprensión creciente de la importancia y urgencia de habitar regenerativamente el planeta. Cada vez más gente, especialmente joven, exigirá un rumbo muy distinto al actual.
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Te contamos desde el interior de los escenarios de la realidad, iluminados por el faro de la agenda propia, el texto bien labrado y la riqueza poética del audiovisual y de la narrativa sonora, combinaciones perfectas para sentir el corazón del medioambiente y de los anónimos del Planeta.
