Los incendios forestales —entre otros delitos— que en el país son solapados, impulsados e incentivados por los poderes políticos y económicos, serán crímenes internacionales y, sus autores, sentados en el banquillo, acusados de ecocidio, ante la Corte Penal Internacional. Un panel de doce abogados internacionales ha presentado la propuesta al Estatuto de Roma.