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Doce abogados trabajan para que los criminales del planeta sean procesados por ecocidio ante la Corte Penal Internacional

Un bombero que extremó sus fuerzas, contempla envuelto en una infinita tristeza, cómo las llamas consumen el bosque.

Foto: Claudia Belaunde-FCBC

Los incendios forestales —entre otros delitos— que en el país son solapados, impulsados e incentivados por los poderes políticos y económicos, serán crímenes internacionales y, sus autores, sentados en el banquillo, acusados de ecocidio, ante la Corte Penal Internacional. Un panel de doce abogados internacionales ha presentado la propuesta al Estatuto de Roma.

31 de agosto de 2021

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Rosa Castro

Periodista

“Destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada”. Es así como define el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) el término “ecocidio”; una realidad cada vez más frecuente en muchos países, como Bolivia, con incendios que están devorando siete Áreas Protegidas de Santa Cruz, Bolivia, y dejando una estela de muerte en la biodiversidad y pueblos indígenas que temen que se repita la catástrofe ambiental de 2019, cuando se quemaron casi seis millones de hectáreas en todo el país sudamericano y que mataron a cinco millones de mamíferos y a cientos de miles de otras especies.

Pero aquel ecocidio de 2019 no ha tenido consecuencias legales para los autores. Esta impunidad impulsa y pone mecha para que prosigan cada día los chaqueos que son la quema de bosques para hacer de esas extensiones de masa forestal tierras para una agricultura muchas veces infértil, pues no es el terreno adecuado para la siembra de producción agrícola, o bien para uso como pasto de millones de cabezas de ganado. Parece no importar esa destrucción, si por medio hay unos intereses y una ganancia económica. Otras veces, esos daños medioambientales vienen por el uso del mercurio para que la tierra reviente y pueda dar lugar a la minería. Ese mercurio se convierte en altamente tóxico para la naturaleza y para los seres humanos. Así demuestran investigaciones en la zona de la reserva natural de Madidi, que reflejan cómo los peces ya no son comestibles porque provocan enfermedades a los habitantes de comunidades que antaño vivían de la pesca.

Un panel de doce abogados internacionales ha presentado al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la propuesta para incorporar el ecocidio como nuevo crimen de carácter mundial.

El agua ha dejado de ser origen de vida para convertirse en veneno.

Hasta el 25 de agosto de este año, el Observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), reporó una superficie de 13.875,5 hectáreas como cicatrices del incendio activo en el municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz. Al interior del área protegida Municipal Bajo Paragua, el incendio llegó a una superficie de 6.099,36 hectáreas y al Parque Nacional Noel Kempff Mercado el incendio afectó una superficie de 111,50 hectáreas.

Y cada día que pasa el fuego avanza, dejando una estela de destrucción que, según el ObservatoriO, están consumiendo el ecosistema de siete áreas protegidas de Santa Cruz: el ANMI San Matías, Ñembi Guasu, Tucabaca , laguna Concepción, El Encanto, Bajo Paragua y Otuquis.

Es duro descifrar la palabra ecocidio. Más sencillo es solo leer la definición dada por la RAE. Pero este reportaje de Revista Nómadas no se puede quedar solo en definiciones, desea exponer con la ayuda de expertos, la realidad de este término en Bolivia con una mirada global, con la esperanza de que se concrete como delito internacional, tal como propone un panel de doce abogados internacionales que ya han presentado esta propuesta para incorporar el ecocidio como nuevo crimen al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Su definición dice así: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.

Daño global al planeta

El ecocidio no es sólo un delito que ocurre en el territorio donde el daño es provocado. Sus consecuencias son internacionales, afectan a toda la humanidad. Así de contundente es Juantxo López de Uralde, activista y político ecologista español, con décadas de trabajo en primera línea internacional del ecologismo y defensa de la naturaleza.  También ha sido director durante diez años de la oenegé internacional Greenpeace en España y actualmente fundador y co-coordinador del partido Alianza Verde, recientemente constituido.

Los impactos al medio ambiente tienen efectos globales. Su impacto va más allá. Un ejemplo, lo encontramos en los bosques, que hacen una acción primordial contra la contaminación y el cambio climático, al ser sumideros de gases de efecto invernadero. Pero con su quema o tala, esas masas de bosque ya no existen y dejan de absorber el dióxido de carbono (CO2) y en su lugar se convierten en emisores de CO2, considerado el principal gas de efecto invernadero causante de la crisis climática. Este ejemplo dado por López de Uralde muestra cómo la pérdida de biodiversidad no es un problema local que afecte a uno u otro país, sino, al conjunto del planeta. Algo que ya se está viendo en la selva amazónica, que cada año pierde masa forestal y grandes pérdidas de bosque en diversos puntos del planeta.

Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente.

Toda esta situación provoca un fuerte impacto sobre el clima, “que conocemos como cambio climático, debido a esa pérdida de enorme masa forestal”, apunta López de Uralde, que asegura que esta deforestación también se ha convertido en causa de un problema en la salud humana, dando lugar a enfermedades infecciosas transmisibles desde animales vertebrados al ser humano, lo que se conoce como zoonosis. “Por la destrucción de ecosistemas, existe una proximidad de animales silvestres con los humanos, al estar cercanos a las poblaciones humanas o civilización, trasmitiendo así nuevas enfermedades. Ya hay publicaciones serias científicas que apuntan a que existe probabilidad de que la causa de esta pandemia de Covid, tenga relación con la destrucción de grandes extensiones de bosque del sudeste asiático, que ocasionó gran proliferación de murciélagos, pudiendo así tener relación con la transmisión de enfermedades a través de estos animales”, explica este activista y político ecologista español.

Desde España, López de Uralde también explica que la situación global de atentado al medio ambiente es importante que se pueda reconocer como crimen internacional, porque “logrará convertirse en elemento disuasorio que frene o interrumpa las agresiones al medioambiente”, realizadas en países como Bolivia. De esta forma, “estos crímenes no quedarían impunes”, asegura, porque “un tribunal internacional iría mucho más allá” y en el caso de comunidades indígenas, campesinas que han sufrido daños en su medio natural, si el ecocidio se reconociera como delito en un tribunal internacional, “podrían recurrir ante él y sortear los grandes intereses que impiden el acceso a la justicia de estas comunidades”. De lo que se trata, en definitiva, es de evitar que los poderes o intereses locales influyan y paralicen los procesos judiciales. “Muchas veces tienen gran poder y paralizan la acción judicial”, puntualiza.

Jurisdicción local sin poder

El delito de ecológico es reconocido en la mayor parte de los países con jurisdicción propia en materia de defensa de la naturaleza. Hay leyes y normativas, “pero hasta ahora ha sido difícil perseguir los delitos porque hay intereses muy fuertes, que hace difícil la persecución de los implicados”, asevera este experto y activista español, que ve una luz de esperanza en que el ecocidio se pueda reconocer como delito por parte de la Corte Penal Internacional.

Los autores de la deforestación acomodaron los árboles caídos, les prendieron fuego y las llamas pasó a la selva, en el departamento de Santa Cruz. Foto: Nómadas.

La abogada boliviana Paola Cortés, especializada en medioambiente, también asegura que el derecho ambiental es ineficaz actualmente en muchos países, como es el caso de Bolivia, donde existen decretos supremos que legalizan los cultivos transgénicos y otros, que facilitan el ingreso de petroleras a las áreas protegidas sin la consulta a las comunidades, a pesar de que la constitución las protege. “Las leyes son aprobadas por la Asamblea legislativa, en cambio los decretos supremos solo necesitan la firma de ministros, son sólo un acto de poder del Ejecutivo. Un decreto no puede abrogar (anular) una ley, pero en el caso de Bolivia, sí sucede. Estos decretos supremos lo que hacen es apoyar la política extractivista de Bolivia”, asegura esta abogada.

En Bolivia, el medio ambiente parece estar protegido por las leyes. Pero la realidad es que proliferan los incendios, chaqueos, destrucción de la masa forestal, contaminación de ríos… ¿Por qué las leyes no permiten sentenciar estos delitos?  Paola Cortés tiene claro por qué no se logra perseguir a los culpables y aplicarles la justicia, y en su lugar se criminaliza a los líderes de comunidades o defensores medioambientales.

“Hasta 2012 hubo un avance increíble en el tema de derecho ambiental. Hacia afuera estamos bien legislativamente, pero es un celofán, una falsa apariencia, porque hay decretos supremos que han ido incumpliendo la constitución como es caso del decreto 366 que permite el ingreso de petroleras a áreas protegidas para actividades como minería, hidrocarburos”, detalla la abogada ambientalista.

Impunidad en delitos

En Bolivia incluso se creó un Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) en 2010, en Cochabamba, con la participación de más de 35 países. Contó con destacables jueces. Pero sus fallos no son vinculantes, sólo pueden citarse en otros tribunales vinculantes. Solo se convierte en una institución ética y moral”, detalla Cortez.

Este tribunal sí llegó a pronunciarse y dictó sentencia de forma virtual en agosto del pasado año sobre los grandes incendios provocados en 2019, contra la Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia, en respuesta a la demanda de ecocidio presentada por organizaciones indígenas, civiles y activistas.

El ecocidio no es sólo un delito que ocurre en el territorio donde el daño es provocado. Sus consecuencias son internacionales, afectan a toda la humanidad.

“El Tribunal internacional resuelve que el presente caso es un ecocidio provocado por la política de estado y el agronegocio”, dijo la jueza ecuatoriana Patricia Gualinga, una de los tres jueces que en este tribunal se encargó de este caso.

El veredicto consideró autores del delito de ecocidio al gobierno de Evo Morales y de Jeanine Añez y también a la Gobernación de Santa Cruz y de Beni, instituciones relacionadas al manejo de tierras, a los grandes ganaderos y empresarios agroindustriales. Pero este fallo no tiene poder vinculante, por lo que hasta la fecha no ha habido acciones legales contra los culpables, señalados en esta sentencia de TIDN del 20 agosto del año pasado.

La abogada Cortez señala que esta impunidad provocará más casos de incendios, como ya se está viendo en este último gran incedio que está ocurriendo nuevamente en Bolivia. A esta situación se une la existencia en los últimos años de decretos supremos que permiten acciones no permitidas en la constitución, que ocasionan casos como la Reserva de Tariquia, en el Chaco de Tarija, donde según afirma Cortez, puede haber incursión de petroleras sin consulta a las comunidades indígenas que allí viven. “¡Algo que no se puede hacer, es una Reserva Nacional y con personas que viven allí!!”, exclama indignada esta experta, que confiesa tener día a día trabas para acceder a información en temas ambientales, “pero me las arreglo para ir salvando los obstáculos al ser abogada, ¿pero ¿qué sucederá con los pueblos indígenas?, ¿cómo accederán a información sobre cómo afectara a sus territorios los impactos de los cultivos transgénicos o el uso de la tierra para minería?”, se pregunta Paola Cortés.

Un ejemplo de dificultar esa información e impedir la participación de los indígenas se puede encontrar en el Chaco Guaraní, donde esta abogada asegura que existen contratos de petrolera extranjera en los cuales se pone como actividad solo la palabra “exploración”, para así no tener que hacer una consulta a las comunidades

Los ejemplos saltan rápido a la memoria de esta abogada. Le es muy fácil dar nombres, ubicaciones que están desprotegidas y ven peligrar sus ecosistemas y vida como la comunidad campesina Laguna del Gringo, ubicada en el Departamento de Tarija, en el Chaco tarijeño, en el municipio de Villamontes, que es un área protegida y está siendo afectada por la actividad de hidrocarburos, como también ha denunciado la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

Otro ejemplo está en las zonas mineras, con el uso constante e indiscriminado del mercurio, que en países vecinos como Perú se ha prohibido, pero en Bolivia no hay ningún tipo de normas, leyes que lo prohíban, lo que provoca una gran contaminación en ríos cercanos al Madidi, que es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado ubicado entre las provincias Abel Iturralde y Franz Tamayo, al noroeste del Departamento de La Paz.   “En la actividad minera no hay apenas restricciones, porque las cooperativas mineras no tienen que sacar licencia ambiental, solo llenan un formulario por lo que no se pueden fiscalizar, tienen el apoyo del gobierno”, puntualiza Paola Cortés.

Esta falta de control provoca desastres palpables tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas, debido a la contaminación de los ríos y peces. Hay personas que ya tienen elevados niveles de mercurio en la sangre, por consumir pescado, según confirma esta abogada.

Sentencias para evitar desastres

Todos estos desastres y vulneración de los derechos de las comunidades y del medioambiente podrían tener una respuesta o acción judicial si el ecocidio fuera declarado como delito en la Corte Penal Internacional.  Así se evitaría que los sentenciados por estos delitos sean juzgados en base a jurisdicciones locales, siendo que se trata de crímenes que tienen un efecto global, que afecta a todo el planeta.

El proceso para que se pueda aprobar como delito internacional en la Corte Penal Internacional debe debatirse y aprobarse por los dos tercios de los más de 120 países que conforman el Estatuto de Roma, entre los que está Bolivia. Así explica la abogada Cortez, que cree que “estaríamos hablando al menos de un tiempo de dos o tres años para que se llegara a la decisión de incluirlo o no, según resultado del referéndum”. En la actualidad un total de doce abogados internacionales están trabajando en este proceso para incluir el ecocidio en la Corte Penal Internacional.

El silencio absoluto. El bosque ya no está ni tampoco los pájaros cantores. Foto: Claudia Belaunde-FCBC.

Mientras tanto, se siguen cometiendo muchos delitos de este tipo, que ocurren en el mundo como los incendios en los bosques tropicales, y la tristeza de ver cómo la selva amazónica ha sufrido una destrucción récord, al igual que el incremento de la contaminación de plásticos en los océanos. Muchos desastres naturales ocurren y podrían entrar en esa categoría de ecocidio que debiera ser juzgado por tribunal internacional, como el caso reciente ocurrido en Golfo de México, en el que una plataforma petrolífera derrochó millones de crudo al mar.

Ecocidios en Bolivia

En Bolivia los grandes incendios forestales ocurridos en 2019 en la Chiquitanía, con 70 días continuos de fuego y destrucción, marcaron para siempre con mayúsculas la palabra ecocidio y la necesidad de que se puedan juzgar y castigar a culpables. La Fundación Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA), denuncia que estos incendios fueron llevados a cabo para que esas tierras fueran, más tarde, empleadas para ampliar la frontera agrícola para cultivo de transgénicos.

Miguel Ángel Crespo, director de Probioma, recuerda bien ese momento cuando comprobó la destrucción de ese incendio: “Me salían las lágrimas, muchos sentimientos como impotencia, bronca, rabia venían a mí. Pero también surgía la esperanza, al ver cómo las familias defendían su territorio, y cómo muchas mujeres me mostraban emocionadas que sus pequeños huertos habían sobrevivido al fuego”, explica este biólogo, detallando que al hacer inventario del desastre comprobaron en todo ese panorama de tierras grises, que había pequeñas manchas verdes: Eran los huertos que desde su entidad les habían enseñado a cultivar dos años antes del incendio.

Con la quema, esas masas de bosque ya no existen y dejan de absorber el dióxido de carbono (CO2), considerado el principal gas de efecto invernadero causante de la crisis climática mundial.

“Estuvimos trabajando y concienciando de la importancia de que cultivasen huertos ecológicos familiares, como complemento a sus cultivos de maíz, frijol como una manera de impulsar la agroecología. Y ahora gracias a estos huertos tenían para comer, porque la cooperación y ayudas internacionales dan frijol, arroz, pero eso se acaba, además con este desastre ya los hombres no tenían trabajo como cuidadores de estancias. El huerto se convirtió en su sustento. En la actualidad siguen dándole importancia a ese pequeño trozo de tierra verde o huerto familiar, “la pandemia les ha mostrado la importancia de alimentarse de forma saludable, tal como escuchaban a través de la radio, sobre alimentos ricos en zinc”, asegura Miguel Crespo.

Para el responsable de Probioma, los bosques son fuente de gran riqueza, porque dentro de ellos hay medicinas para poder cuidar nuestra salud. Los indígenas todavía conservan muchos de esos conocimientos o remedios, como el uso de “cutuqui” o el uso de la miel y paquío para fortalecer el sistema inmunitario. “Hay comunidades como Lomerío, ubicada camino entre Concepción y San Ignacio donde durante esta pandemia los indígenas no dejaban entrar. Sólo podíamos dejar barbijos y alcohol. Ellos se han cuidado con sus remedios como el cutuqui y apenas han tenido letalidad”.

Bolivia está entre los ocho países más ricos de megadiversidad del mundo.” Pero la riqueza de la biodiversidad no es apreciada, creen que no contribuye al desarrollo nacional.  La realidad es que una hectárea sin árboles es más cara que una que los tenga. Parece como si los árboles fueran un estorbo. No comprenden que la biodiversidad generaría riqueza, al ser una fuente de energía y de que nuestros bosques son la única defensa para vivir como especie.  En lugar de eso, se tiene una visión extractiva de hace 50 años. Sólo se tiene en cuenta la ampliación de la frontera agrícola para cultivo de transgénicos con químicos asociados que destruyen”, asegura Crespo.

Presión y movilización social

Sobre si cree que estos delitos o ecocidios se frenarían si se reconocen como delito internacional en la Corte Penal Internacional, Miguel Crespo asegura que confía que el cambio venga de las propias poblaciones, comunidades, que se puedan organizar y decir no a esa destrucción de su hábitat.

Así ha pasado con ejemplos como en la reserva de Tucabaca, área protegida del municipio de Roboré, allí surgen las vertientes de agua que alimentan los ecosistemas y dan vida a las comunidades, pero que tuvo “que hacer frente a la minería, una actividad incompatible con la provisión de agua”, explica Richard Rivas, director Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Reserva de Vida Silvestre de Tucabaca.

“La geopolítica del agronegocio de Brasil explica que sean estratégicos toda la zona de bosques de San Matías, San Ignacio, porque en Mato Grosso ya no hay bosque, están comenzando a destruir los bosques bolivianos porque precisan carreteras, puertos para sacar la soya boliviana. Si durante el gobierno de Morales se autorizaba el cultivo de soya transgénica resistente a sequía, el de Añez amplió esas leyes con decretos para autorizar otros cultivos transgénicos como el trigo, maíz, algodón, caña de azúcar”, asegura el director de Probioma.

Estos intereses explican —según Crespo— que en San Ignacio donde antes había grandes extensiones de bosque, ahora hay desmonte, para cultivos intensivos y extensivos de soya. Este pueblo está a 700 km de Santa Cruz, pero su interés es que en Cáceres (Brasil) se han ampliado dos puertos libres de impuestos y esta ubicación está solo a media hora de San Matías, que está a dos horas de San Ignacio.

Destrucción de la cultura

Henry Granada es un referente en psicología ambiental en Colombia, por sus trabajos en proyectos medioambientales en comunidades afectadas por daños en sus ecosistemas. Es investigador y profesor emérito de la Universidad del Valle en Colombia.  Tiene claro que todo cambio ecosistémico es fuente de desequilibrios económicos, psicológicos y culturales.  Ha seguido muy de cerca, como investigador y psicólogo, los casos donde las comunidades campesinas han tenido que abandonar su actividad, sus tierras y migrar o bien cambiar obligatoriamente de actividad, de cultura.

Alberto Rosales vivía en Machipo, a pocos kilómetros de Charagua. La sequía lo obligó a emigrar a la ciudad de Santa Cruz. Foto: Karina Segovia.

Recuerda cómo la expansión de la caña de azúcar ha hecho desaparecer vida campesina, dando lugar a mucha migración en el Valle del Cauca, donde realizó su primer trabajo, siendo testigo del apropiamiento de tierras por parte de transnacionales. Años más tarde pudo comprobar cómo la multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia, con la plantación de pinos y eucaliptos, hizo desaparecer fauna, microorganismos, porque se pidió a los campesinos que arrendaran sus territorios según sus términos

Los pinos y eucaliptos son especies que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) considera amenazantes, si reemplazan los bosques nativos de las regiones tropicales, porque tienen graves consecuencias sobre los suelos, la biodiversidad y los ciclos del agua.

Desde la psicología ambiental, se trabaja con la identidad comunitaria grupal, para explicar las consecuencias de los cambios ambientales, “Es importante conocer las consecuencias en sectores de playa con manglar, cada vez es más frecuente que se tumben manglares para construir casas. Hay que explicarles a las personas las consecuencias a largo plazo, intergeneracionales. Las playas sin manglar serán desbordadas, inundadas. Al hablarles así, comprenden”, explica Granada.

Efectos irreversibles

Para este investigador colombiano, que confiesa con orgullo ser hijo de campesinos, el ecocidio es una actividad “con un efecto desastroso que puede ser irreversible o bien reversible, cuando es posible frenar esas acciones”. Un ejemplo lo da en la selva que es un sumidero de efectos de carbón. Al destruirlo, ese ecosistema no sólo deja de ser sumidero, sino que se convierte en emisor de dióxido de carbono.

“En la actualidad hay regulaciones, metas de la Unión Europea, planes para frenar el cambio climático. Pero hay poderes superiores, las multinacionales, que logran que los estados estén bajo sus intereses. Pero creo y tengo esperanza que las acciones de algunas personas pueden cambiar esta fuerza, como ocurrió con el ex presidente de los estados Unidos, Barack Obama, que su acción permitió frenar la construcción de un oleoducto que conectaba Estados Unidos con Alaska, con gran impacto medioambiental”, recuerda Granada.

El proceso para que el ecocidio se pueda aprobar como delito internacional en la Corte Penal Internacional debe debatirse y aprobarse por los dos tercios de los más de 120 países que conforman el Estatuto de Roma, entre los que está Bolivia.

Hay países con regulación medioambiental fuerte, pero luego tienen multinacionales que operan en otras naciones con prácticas dudosas respecto a su medio ambiente. Henry Granada da como ejemplo a Canadá, un país con legislaciones estrictas y, sin embargo, con multinacionales que actúan en lugares como Colombia y aprovechan la debilidad de la regulación

Para solucionar los desastres naturales o ecocido, ¿cuál es el paso más importante? “La movilización social”, responde sin dudarlo, este investigador colombiano, que considera importante convertir al ecocidio en un delito internacional incluido en la Corte Penal Internacional como crimen contra la humanidad, “pero los verdaderos cambios son los sociales, las movilizaciones sociales para así incorporar a las legislaciones.  La presión externa de los votantes es importante para que los legisladores lo asuman. Hay una relación estrecha entre la fuerza social y la parte legislativa internacional”.

Ecocidio y destrucción

Henry Granada es un apasionado de la divulgación y de sensibilizar sobre la importancia de cuidar el planeta. En una larga conversación de dos horas por videoconferencia con Revista Nómadas, asegura que no hay consenso entre los expertos a la hora de definir el ecocidio, porque algunos tienen el argumento que si se hablara de ecocidio habría que condenar a toda la humanidad, porque todos contaminamos de alguna forma. Una parte de la comunidad científica habla de la Época del Antropoceno, o   Edad de los Humanos, para explicar que la Tierra está cambiando aceleradamente debido a la actividad humana.  “Son algunos sectores, apenas un cinco o diez por ciento los que hacen acciones de gran impacto al medio ambiente, que establecen formas de coacción con los gobiernos”, detalla este investigador colombiano, que tiene bien claro quiénes serían en Colombia las regiones amenazadas y quiénes los culpables. En la Amazonía, por ejemplo, —relata— es constante la quema para convertir la selva en potrero (sábanas de pasto para que el ganado se alimente). “En cinco años la Amazonia cuenta con miles de cabezas de res, lo que supone un gran deterioro porque hay tala y la quema de bosques o selva. Otras causas de esta destrucción son la siembra de coca y la agroindustria o cultivo de transgénicos. “Y esas quemas son las causantes del Antropoceno, un ecocidio causado por actores concretos que ven la selva como un obstáculo al desarrollo, llegando a pagar hasta 300.000 pesos colombianos (78 dólares) por un árbol talado”, puntualiza.

En Colombia hay un gran déficit de investigación, según denuncia este experto: “Los gobiernos no le dan importancia. Los políticos no conocen el valor de la biodiversidad, que es también un valor económico”, argumenta Granada.

Otra de las visiones de los expertos o académicos a la hora de definir el ecocidio es la del Capitaloceno, que considera que la potencia destructiva del medioambiente no proviene de la actividad humana en abstracto, sino de su organización capitalista. Este concepto, —explica Granada— muestra cómo el ecocidio tiene víctimas, gente que debe migrar a las ciudades, al cambiar el uso del suelo y la consecuencia de que esta destrucción ambiental está generando que las personas pierden soberanía, no pueden entrar ni en sus territorios. “Se dejan comprar derechos del suelo y subsuelo. Se fomenta así el monocultivo. Es una mirada opuesta al campesino tradicional, que cultiva café, maíz, arveja… todos ellos crecen y se complementan, no se atacan. Este es un ejemplo de cómo ser habitante en la Tierra. Pero frente a los cultivos como la caña de azúcar mejorada, el maíz transgénico, el algodón transgénico, ¿qué puede hacer el pequeño campesino?  Solo puede pedir créditos o entregar la tierra”, lamenta Granada.

Civilizaciones y medioambiente

La historia de las civilizaciones muestra que la actitud frente al medioambiente ha sido un factor definitivo en su destrucción. Primero, con cambios en el suelo, deterioro bosques, de calidad y cantidad de agua, pérdida soberanía alimentaria. Así explica Granda, que adelanta de esta forma el otro concepto de ecocidio, el Autoecocidio, porque al destruirse la naturaleza, se acaba la civilización. Un ejemplo de cómo hay personas que, al creerse dueñas de la naturaleza, acaban destruyéndose a sí mismas. Lo vemos en el caso de la Isla de Pascua, que los migrantes polinesios la destruyeron y ellos mismos murieron”.

Mientras los expertos tratan de matizar y dar diferentes visiones, el término de ecocidio, ya tiene una definición jurídica, planteada por un panel de doce abogados internacionales con la intención de que este delito se incorpore al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los defensores del medioambiente esperan que así pueda llegar a ser en un futuro cercano.

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Más de 9.000 familias ven que sus tierras producen cada vez menos por los tóxicos que llegan al río Tumusla desde las minas asentadas en la cuenca alta. Una auditoría confirmó la presencia de metales pesados en el agua. Varios vecinos denuncian que padecen graves problemas de salud.

Marcelo Huanca Dorado

El director ejecutivo de la Fundación Avina lidera una campaña mundial para que se liberen las patentes y la vacuna contra el Covid-19 sea declarada un bien público global. De no conseguirlo, Bolivia terminaría de vacunar a su población dentro de más de dos años, Perú, en cinco, y Venezuela, dentro de 13 años.

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