Con relación al puente que se construyó sobre el río Parapetí, en el Sitio Ramsar Bañados del Isoso, se destaca que la Ley de Autonomías y Descentralización 031, es clara, pues hay funciones exclusivas del nivel central respecto de la autorización y licencias ambientales de obras, por ejemplo, el Artículo 88, Biodiversidad y Medio ambiente, parágrafo III: De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6 del parágrafo II del artículo 298, concordante con el artículo 345 del numeral 2 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene entre las competencias exclusivas: 2. Elaborar, reglamentar y ejecutar los regímenes de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental).

Si la obra hubiera sido planificada e impulsada por el Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Charagua Iyambae GAIOC, lo cual ciertamente recaería en sus atribuciones regulares, la GAIO debería haber realizado todas las gestiones previstas en el marco de Ley 031. Pero en este caso, fue un privado (menonitas) que vulnero las normas y el espacio territorial indígena y sobre el cual, la GAIOC tenía la obligación de ejercer control y fiscalización para determinar aspectos técnicos y limitaciones ambientales, culturales, y de seguridad de la obra, y no lo hizo.

La Capitanía del Bajo Isoso y el Capitán comunal de Cuarirenda, al igual que los menonitas, violaron la Ley 031 y la Constitución Política del estado (CPE), así como varias normas ambientales. La GAIOC Charagua Iyambae, no solo actuó como vulnerador al permitir la obra clandestina, sino también tiene cargo de responsabilidad por omisión de funciones y responsabilidades. Si el puente era una necesidad social, era obligación de la GAIOC planificarlo, presupuestarlo y buscar los fondos correspondientes con las diferentes instancias, y no permitir que un actor foráneo al territorio isoseño y municipal construya una obra clandestina.

Desde la perspectiva cultural y el cuidado y protección de sus recursos naturales precautelando el bienestar de su gente, da un mal ejemplo de cómo usar mal la autonomía indígena, privilegiando a actores privados.

En el problema del puente y el camino, construidos por el actor foráneo que eludió cualquier normativa del país, el Ministerio de Medio Ambiente (MMAyA), debería ya estar iniciando un proceso de fiscalización y asignación de responsabilidades legales, pero el Viceministro Magín Herrera, asumió una posición tibia y complaciente, argumentado que las obras fueron realizadas en un escenario de necesidades sociales crecientes en la región. Similar posición asumió inicialmente la Gobernación de Santa Cruz, instancia que tiene la responsabilidad compartida de hacer respetar y hacer cumplir las normativas respectivas, recordatorio que le hizo públicamente un asambleísta departamental cruceño.

La Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierra (ABT), (y no conocemos los subterfugios que justificarían dicha decisión), ellos dieron el permiso de desmonte en un predio comprado, pero que está ubicado en un Sitio RAMSAR y en una TCO indígena (Isoso), lo cual conlleva limitaciones legales que con seguridad fueron pasadas por alto.

Desde la perspectiva cultural, lo sucedido en territorio autónomo indígena guaraní, que se supone que en su cosmovisión y Estatuto Autonómico destaca el cuidado y protección de sus recursos naturales precautelando el bienestar de su gente, da un mal ejemplo de cómo usar mal la autonomía indígena, privilegiando a actores privados foráneos, sobreponiéndose a competencias y atribuciones de otros actores, y encaminando sus acciones en contra de las normas nacionales y Departamentales, en contra de su propia cultura, en contra de su medio ambiente y su propio territorio.

La ABT (y no conocemos los subterfugios que justificarían dicha decisión),  dio el permiso de desmonte en un predio comprado, pero que está ubicado en un Sitio RAMSAR y en una TCO indígena (Isoso), lo cual conlleva limitaciones legales que con seguridad fueron pasadas por alto.

De todo esto se puede concluir que predomina un total desconocimiento de la Ley de Autonomías y Descentralización, de la CPE y más aun de las normas ambientales, por parte de la GAIOC, de la organización Bajo Isoso, y de la Gobernación que, después de una inspección ocular, públicamente avaló la autorización “de palabra” que hizo el Bajo Isoso y Cuarirenda, bajo un supuesto respaldo de la autonomía.

Bajo presión de la Asamblea departamental, ahora la Gobernación está tomando medidas, aunque tardías, ya que el daño es grande y se ha incrementado a paso ligero aún más con la deforestación e inicio de quemas por parte de los menonitas. Ahora le tocaría al MMAyA hacer su parte en sujeción a la Ley 031, la Ley de Medio Ambiente, sus reglamentos y la CPE; estaremos pendientes a ello, caso contrario, habría elocuentes cargos de omisión de funciones.

Para finalizar este análisis, si en un escenario hipotético, el que habría promovido y aprobado el puente y el camino hubiera sido el Gobierno Nacional en favor de los menonitas o de la agroindustria, incluso con la venia de la GAIOC, el mayor baluarte y resistencia para detener el proceso y defender su territorio, tendrían que haber sido los indígenas de Cuarirenda, de otras comunidades circundantes y la Capitanía Bajo Isoso. Pero es aterrador que ocurriera todo lo contrario, fueron los propios indígenas los que impulsaron la invasión del territorio y de un sitio sagrado ancestral. Se abrió la puerta desde adentro, una herida más en la historia indígena de Bolivia, una herida auto infringida.